Pagarán 31.000 euros de multa tras admitir el fraude de las tragaperras

| Palma |

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El funcionario y los tres empresarios acusados de explotar máquinas tragaperras sin pagar tasas han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía para asumir penas de cárcel sustituibles por multas por un valor total de 31.296 euros a cambio de admitir delitos de falsedad, fraude y tráfico de influencias.

Además, pagarán otras multas por un total de 6.308 euros para resarcir el fraude cometido y el empleado público y uno de los gestores empresariales tendrán que hacer frente también de forma conjunta a una responsabilidad civil de 1.733 euros.

El fiscal solicitaba inicialmente para los cuatro acusados condenas que sumaban 42 años de prisión por unos delitos que representaron para las arcas autonómicas una merma de unos 6.250 euros por las tasas que dejaron de abonar a la administración.

Tras una larga negociación, el acusador público y los letrados defensores de los empresarios y del empleado de la Conselleria de Interior han alcanzado un acuerdo de conformidad que evitará que los condenados entren en prisión.

El funcionario tendrá que abonar multas que suman 9.078 euros por fraude y falsedad documental, además de su parte correspondiente de la citada responsabilidad civil.

Dos de los empresarios, que solo estuvieron involucrados en la trama para sortear el pago de las tasas, han sido condenados por tráfico de influencias y fraude, y tendrán que abonar 3.677 en un caso y 4.339 en otro.

El otro gestor de empresas del sector del juego ha aceptado que cometió tráfico de influencias, fraude, pero también apropiación indebida y falsedad documental, lo que le comporta una multa de 16.728 euros, además de la mitad de los 1.733 euros de responsabilidad civil.

Los empresarios del juego se conchabaron con el funcionario, por «amistad y confianza», para eludir el pago de las tasas administrativas correspondientes a los canjes de máquinas de juego tipo A y B desde 2007 a 2009.

Además, el empleado público manipuló los trámites para que pudieran instalar en bares y restaurantes tragaperras de tipo B, que solo están permitidas en casinos y salas de juego.

En empresario sobre quien ha recaído la mayor condena, que era gerente pero no propietario de varias sociedades dedicadas al juego, se embolsó los fondos que debían ir destinados al pago de las tasas.

Además, el empleado de la Conselleria de Interior falseó documentos para que este gerente diera de alta la instalación de una máquina tragaperras que realmente había puesto en funcionamiento casi tres meses antes sin abonar los 3.467 euros que debía haber pagado.

La Fiscalía, que inicialmente reclamaba 15 años de prisión para el funcionario y para el empresario a quien imputaba más delitos y 6 para cada uno de los otros dos empresarios, les ha retirado finalmente las acusaciones de malversación y prevaricación.

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