Company, durante su discurso de este martes. | Joan Torres

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El Parlament balear ha aprobado este martes la primera ley agraria de la historia de Balears para «defender» el sector, lograr su «supervivencia», impulsar la producción de las explotaciones y preservar el paisaje, ha afirmado el conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Gabriel Company.

La Ley Agraria, que compensa a los payeses por la conservación del territorio que llevan a cabo con su labor, impulsa nuevas actividades como los alojamientos en agroturismo y la venta directa de los productos propios de las fincas, en tiendas no superiores a 150 metros cuadrados. El presidente de Asaja Balears, Tomás Cortés, ha dicho que al sector le ha tocado la lotería con la aprobación de esta ley, que es una reivindicación «histórica» de 30 años para que los agricultores dispongan de una herramienta más para hacer su trabajo con eficacia. «No ha sido fácil», ha apostillado.

La ley nace con el consenso del sector agrario balear y de hecho, al finalizar la votación, sus representantes se han fotografiado junto al presidente balear, José Ramón Bauzá, y el conseller en el salón de los pasos perdidos del Parlament.

La iniciativa legislativa ha salido adelante con los votos del PP, que dispone de mayoría absoluta en la Cámara y el apoyo a parte del articulado de MÉS, mientras que el PSIB-PSOE ha votado en contra.

Los socialistas han presentado unas 150 enmiendas, de las que han sido aceptadas tres, y los econacionalistas han logrado sacar adelante una de las 80 que han defendido, por lo que los dos partidos de la oposición se han quejado de la falta de consenso «demostrada» por el Govern.

Los payeses podrán cambiar de uso las edificaciones agrarias con límites en función de los volúmenes preexistentes, y aquellas anteriores a 1991 serán consideradas automáticamente legales. Además la norma fija las unidades mínimas de cultivo en cada isla para obtener rendimientos satisfactorios.

Otro de los aspectos novedosos de la ley son la creación de cotos para regular la recogida de setas, caracoles o espárragos y permitir que los propietarios de tierras obtengan beneficios económicos de estas actividades tradicionales, la regulación de la explotación de áreas forestales para producir energía a partir de biomasa y el riego con aguas regeneradas.

El conseller Company ha señalado que el día de hoy es «histórico» porque por primera vez el sector dispone de una ley propia, que no concede subvenciones pero sí «herramientas para que se puedan defender» los agricultores.

El titular de Agricultura ha destacado el consenso total logrado con las organizaciones agrarias y ha mantenido que esta ley «dignifica al sector» tras una legislatura pasada, cuando gobernaba el Pacte, en la que ni había conselleria de Agricultura y se dejaron «muchas ayudas pendientes y prácticamente no había política agraria».

Company ha dicho que la oposición «no quiere entender» la importancia y utilidad de esta nueva ley y ha negado que tenga una intención de urbanizar el territorio, al tiempo que ha resaltado la simplificación administrativa que ofrece el nuevo texto a los agricultores.

El diputado socialista Marc Pons ha lamentado el «muro impermeable» que ha impuesto el Govern para evitar aceptar cualquier propuesta de la oposición y ha denunciado la «perversión que se hace del suelo rústico con la excusa de mejorar la rentabilidad de las explotaciones».

Pons le ha echado en cara al conseller que con él «sale barato infringir la ley» y urbanizar, incluso en las zonas protegidas medioambientalmente, y ha anunciado que cuando los socialistas vuelvan a gobernar modificarán el texto para salvaguardar el territorio.

El conseller ha negado la «visión urbanística y urbanita» de la oposición respecto a esta ley, que permite realizar las inversiones necesarias a los «payeses que son payeses y que viven de la agricultura».

En el mismo sentido que el representante del PSIB-PSOE, la diputada no adscrita Margalida Font ha aludido a la «mayoría absolutista del PP» y ha advertido de que una ley que nace sin consenso «tiene fecha de caducidad», en concreto en mayo de 2015, mes de las próximas elecciones autonómicas.

Por parte de MÉS, el diputado Miquel Àngel Mas, ha recordado que su grupo ha apoyado un centenar de artículos que aluden directamente al sector agrario, ganadero y forestal, pero no aquellos que promueven actuaciones urbanísticas sobre el suelo rústico como la posibilidad de abrir campos de golf, polo, agroturismos y refugios.

«Decimos no a la ley de suelo rústico encubierta que tiene esta ley», ha apostillado Mas, que ha lamentado la «falta de voluntad de consenso del Govern» para llegar a acuerdos con la oposición, a pesar de que había enmiendas «muy fácilmente asumibles».