El alcalde de Lloseta ante el juez: «El Consell de Mallorca nos ha dejado con el culo al aire»

Bernat Coll, alcalde de Lloseta, ha comparecido este martes ante el juzgado de lo Penal número 6 de Palma junto a otros tres miembros del Consistorio, en la primera sesión de un juicio en el que son acusados de cinco delitos de prevaricación

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Bernat Coll, alcalde de Lloseta, en primer plano junto a los otros tres ediles juzgados por presuntos delitos de prevaricación

27-01-2015 | M. À. Cañellas

Bernat Coll, alcalde de Lloseta, ha comparecido este martes ante el juzgado de lo Penal número 6 de Palma junto a otros tres miembros del Consistorio, en la primera sesión de un juicio en el que son acusados de cinco delitos de prevaricación a raíz de la concesión de distintas licencias, presuntamente de manera irregular. Por cada uno de estos delitos la Fiscalía pide una pena de siete años de inhabilitación.

En esta primera sesión y preguntado sobre una licencia de obras concedida en 2006 por el equipo de gobierno para la construcción de unas viviendas que incumplían la normativa urbanística, Coll ha respondido que «el Consell nos ha dejado con el culo al aire». Asimismo, respecto a la cesión del Teatre de Lloseta a una empresa para su gestión, el alcalde de Lloseta ha asegurado que «me equivoqué. Pensé que era bueno para el pueblo». La intervención del alcalde ha exasperado a la fiscal, quien le ha espetado «le agradecería que no hiciera mitines políticos».

La sesión, que continúa el miércoles, ha comenzado a las diez de la mañana de este martes. Los hechos denunciados se remontan al periodo que va de 2004 a 2008, cuando Bernat Coll ya era alcalde de Lloseta por el PSOE, mientras que Pere Joan Martorell -exdirector general de Cultura del Govern durante la pasada legislatura-, Juan Coll y Maria Alemany eran concejales del equipo de gobierno.

Ante todas las irregularidades de las que la fiscal ha acusado al alcalde y a los concejales que formaban por entonces la Junta de Gobierno, Bernat Coll ha reconocido que incumplió la ley y se ha defendido alegando que «lo hice pensando que hacía un bien para el pueblo». Lo mismo ha alegado Pere Joan Martorell en relación a la cesión del teatro. «Surgió a raiz de una entrevista en televisión en la que el alcalde comentó que el teatro de Lloseta no funcionaba, entonces esta empresa contactó con nosotros y se ofreció a gestionarlo. Nos dijeron que no había más empresas en la isla que se dedicaran a esto, así que no hicimos un concurso que pensamos sería una farsa. Por eso se lo adjudicamos directamente», ha justificado Martorell.

Cesión del teatro

El 29 de octubre de 2004 los inculpados aprobaron en Junta de Gobierno la cesión a la empresa Fona Artists SL de la gestión y producción musical del Teatre de Lloseta hasta el año 2011, por un canon de 60.000 euros anuales, por las cuales la mercantil debía ofrecer 20 representaciones, mientras que el Ajuntametn debía pagar las ccuotas del préstamo que la entidad debía contratar para llevar a cabo las mejoras necesarias en el teatro municipal. El concejal Pere Joan Martorell ha resoibdu

La Fiscalía sostiene en su escrito de calificación que el convenio entre ambas partes se suscribió sin la preceptiva licitación pública exigida por Ley e ignorando el informe desfavorable emitido por el secretario municipal «al no haberse seguido los trámites legales oportunos y constituir la satisfacción de las cuotas bancarias un endeudamiento encubierto» del Ayuntamiento. El importe sufragado ascendió a un total de 420.999 euros públicos.

El 10 de diciembre de 2004 los acusados, pese a ser conocedores de otro informe desfavorable del secretario, acordaron facultar al alcalde para otorgar escritura pública por la que se vendían dos solares propiedad del Ayuntamiento a Construcciones Comas, a cambio de la construcción por parte de esta empresa de un centro de día con dos plantas y un tanatorio municipal, revirtiéndose la operación a finales de 2007.

La acusación pública destaca asimismo cómo el 22 de abril de 2005, los inculpados acordaron, por unanimidad, la concesión de una licencia urbanística para la construcción de una vivienda pese a contar, también, con el informe desfavorable del arquitecto municipal y del secretario por no cumplirse la normativa urbanística en torno a las dimensiones de la fachada.

Otro de los episodios narrados por la Fiscalía tuvo lugar el 3 de noviembre de 2006, cuando los altos cargos acordaron otorgar otra licencia para construir viviendas, garajes y piscinas a la empresa Lloseta Inversiones S.XXI, que también contaba con informe desfavorable. Finalmente, el 9 de marzo de 2007 decidieron por unanimidad y sin contar con el visto bueno de arquitecto y secretario, la concesión de una licencia para el impulso de un proyecto de telecomunicaciones en los anteriores inmuebles.

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