El cuñado de Matas será juzgado por un presunto delito electoral

Fernando Areal será enjuiciado en un Juzgado Penal por presunto delito electoral en la campaña de 2007

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El exgerente del PP y cuñado del expresidente Jaume Matas, Fernando Areal, será enjuiciado en un Juzgado Penal por presunto delito electoral en la campaña de 2007, en una causa en la que la Fiscalía pide para él una condena de 3 años de prisión y multa de 15.000 euros.

El juez de Instrucción número 3, José Castro, ha dictado una providencia en la que remite esta causa, la pieza número 4 del caso Palma Arena, al decanato de los Juzgados de Palma para que designe el Juzgado Penal al que corresponderá juzgarlo, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

El juez del caso Palma Arena concluyó en diciembre de 2013 la investigación del presunto pago en negro de gastos del PP en la campaña electoral de las autonómicas y municipales de 2007.

Recientemente dictó el auto de apertura de juicio contra Areal por presunto delito electoral ante la existencia de indicios suficientes para procesarle como administrador de la campaña electoral del PP y responsable de la contratación de la publicidad con la empresa Nimbus, que según el propietario de esa sociedad y otros empleados recibió del partido político pagos en dinero negro.

El juez sobreseyó los presuntos delitos de malversación y falsedad e impuso al acusado una fianza de responsabilidad civil de 20.000 euros.

Según la Fiscalía, Areal abonó 249.872 euros a Nimbus por servicios desarrollados para la campaña electoral que fueron declarados al Tribunal de Cuentas y la Sindicatura balear de Comptes como corresponde, pero la Fiscalía cree que además también encargó otros trabajos cuyo pago se ocultó.

La empresa de publicidad realizó entre abril y mayo de 2007 numerosas tareas de creatividad y promoción de los mensajes electorales del PP, y gestionó inserciones en prensa, radio y televisión por importe de 71.958 euros, que no se facturaron al partido porque había superado los límites legales de gastos electorales, según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía.

Anticorrupción no ha podido determinar el origen de esos 71.958 euros que se abonaron a la empresa. Anticorrupción cree que también se pagaron facturas con conceptos simulados a empresas, para ocultar trabajos para la campaña.

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