El fiscal acusa a Julve de destinar fondos públicos «a hacer caridad»

En su informe final en el juicio del caso Cloaca, en el que pide 7 años de prisión para Julve por presunta malversación, fraude a la administración y prevaricación, Carrau ha asegurado que se amañaron dos contratos para comprar sillas que luego se repartieron gratis entre los ayuntamientos

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El fiscal Anticorrupción Juan Carrau ha acusado este martes a la exconsellera de Cooperación Local Catalina Julve de haber consentido que se destinaran fondos públicos «a hacer caridad», al adjudicar contrataciones a un empresario afín a Unió Mallorquina que pasaba dificultades económicas.

En su informe final en el juicio del caso Cloaca, en el que pide 7 años de prisión para Julve por presunta malversación, fraude a la administración y prevaricación, Carrau ha asegurado que se amañaron dos contratos para comprar sillas que luego se repartieron gratis entre los ayuntamientos y otro más para realizar el control de la gestión de los residuos, una labor que nunca se llevó a cabo.

«Parece que se ha decidido hacer una obra de caridad con un ciudadano que pagamos todos a escote», ha dicho Carrau sobre la adjudicación de dicha supuesta unidad de control de los residuos, por la que el empresario Simón Galmés fue «beneficiado con 9.000 euros al mes porque la señora Julve y el fallecido señor (Miquel) Riera decidieron que se lo merecía».

La Fiscalía también acusa a la que fuera secretaria técnica de Cooperación Local, Coloma Castañer, para quien pide 1 año y 2 meses de cárcel (sustituibles por 2.520 euros de multa), y que confesó ante el tribunal el amaño de las dos adjudicaciones de la compra de sillas para favorecer a empresas afines a UM.

Los otros dos acusados son los empresarios Galmés, para quien piden 6 años de prisión, y Miguel Rullán, 2 años y 6 meses de prisión.

La acusación particular, que ejerce el Consell de Mallorca, se ha adherido a las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción, incluida la reclamación de que los acusados abonen una responsabilidad civil de 538.778 euros, por lo perjuicios ocasionados a la institución. Las defensas de Julve, Galmés y Rullán han pedido la absolución.

Gabriel Garcías, el letrado de la exconsellera, ha asegurado ante el tribunal que su defendida está sentada en el banquillo, tiene sus bienes hipotecados y su nómina embargada «por militar en un partido que no ha tenido en estos últimos tiempos la mejor fama», un circunstancia que favorece que «todo el mundo pase por el mismo rasero» cuando no debería ser así.

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