Castro investiga el pago de 600.000 € al empresario que sufragó la sede del PP

Se trata de una cantidad a la que aluden varios oficios de la Policía Nacional y cuyo secreto ha levantado el magistrado en el marco de la pieza 28 del caso Palma Arena

| Palma, Mallorca |

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El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha reclamado a distintos organismos y entidades bancarias documentación sobre un préstamo de 600.000 euros que un empresario realizó a favor del propietario de la constructora Bruesa, Antonio Pinal, a fin de averiguar si con estos fondos éste sufragó de forma irregular la adquisición de la sede del PP balear.

Se trata de una cantidad a la que aluden varios oficios de la Policía Nacional y cuyo secreto ha levantado el magistrado en el marco de la pieza 28 del caso Palma Arena, que indaga de qué forma fueron abonados los trabajos de reforma de la sede de los 'populares'. Los investigadores apuntan a que los pagos corrieron a cargo de Pinal a cambio de resultar favorecido con distintas adjudicaciones públicas durante el último mandato de Jaume Matas (2003-2007).

Según la documentación incorporada a la causa, fue el constructor y socio de Pinal Ildefonso Pérez Ruiz quien llevó a cabo la operativa de préstamo, el 21 de julio de 2004, cuando sacó el dinero en efectivo de una oficina bancaria y procedió a llevarlo en una mochila a otra sucursal de la misma entidad en el Polígono Son Fuster para ingresarlo de forma fraccionada en la cuenta de Bruesa.

El juez ha citado a declarar el próximo día 10, en calidad de testigo, a la hija de Pérez, quien en dependencias policiales manifestó que, puesto que los fondos no figuraban en la contabilidad de Bruesa, «sería para hacer cosas en negro». También ha sido emplazado a testificar esa misma jornada el abogado de Pérez.

En uno de sus oficios, el Grupo de Delincuencia Económica hace hincapié en el hecho de que la cantidad prestada prácticamente coincidía con los 602.067 euros a los que ascendió el precio abonado por la sede del PP (511.539 euros), más los gastos de tramitación (79.620) y de constitución del préstamo hipotecario (10.907).

La Policía recuerda cómo el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos explicó ante el juez que Pinal le invitó a cenar en el hotel Son Vida porque, según le transmitió, «has sido el único que has tenido huevos de decirme claramente desde el principio lo que pensabas sin engañarme, y que el proyecto tal cual no se podía ejecutar». Eso le costó al empresario, concluyó De Santos, el pago de la sede del partido.

Más en concreto, De Santos se refería al hecho de que Pinal ayudó en la compra del inmueble del PP a cambio de serle adjudicado el desarrollo de un proyecto urbanístico en los cuarteles de Son Busquets. Pinal le comentó que tenía un proyecto previsto y que para ello debía llegar a un acuerdo con el Ministerio de Defensa, al frente del cual se encontraba entonces José Bono, puesto que los cuarteles eran propiedad de este departamento.

Se trata de una manifestación que, a juicio de los agentes, quedó refrendada por lo manifestado en su día por el extesorero del PP Luis Bárcenas, quien explicó la realidad de las aportaciones realizadas por Pinal y otros empresarios en relación a la sede, «pero no respecto a la reforma, sino a la compra de la misma, todo ello con el conocimiento del tesorero nacional Alvaro Lapuerta».

Castro abrió en febrero del pasado año esta línea de investigación con el objetivo de indagar la financiación presuntamente ilegal del PP balear así como la adquisición de su sede. Desde hace más de seis años el juez se encuentra volcado en esclarecer si varias empresas financiaron de forma irregular las campañas electorales del PP de 2003 y 2007, mercantiles que a su vez resultaron favorecidas con contratos públicos.

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