Aumentan las sanciones en las Islas por vertidos de residuos

El Govern ha abierto 87 expedientes hasta julio con penas de 9.000 euros

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El Govern cerró en abril este desguace sin licencia en Mallorca

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01-02-2017

Las medidas de control contra la mala gestión de residuos o vertidos ilegales en suelo rústico se han incrementado notablemente en los últimos años. En 2016 el Servicio de Residuos de la Conselleria de Medio Ambiente abrió 254 expedientes de infracción, un 26 % más que el año anterior. La cifra este año aumenta considerablemente, y desde el mes enero a finales de julio se han abierto 87 expedientes.

De estos, el Servicio ha interpuesto 39 son sanciones por haber realizado vertidos incontrolados de residuos. Entre los expedientes, apuntan desde el Govern, destaca el abandono de residuos de fibrocemento en suelo rústico que ha sido penado con una sanción de 9.001 euros.

Además, este año también se ha ordenado el cierre provisional y suspendido la actividad de dos centros de recepción y descontaminación de vehículos fuera de uso. Ambos centros estaban localizados en el municipio de Palma y prestaban servicio sin la autorización correspondiente.

Además de las sanciones económicas, también se prevén multas coercitivas y la ejecución subsidiaria en el caso de que se llegue a incumplir la obligatoriedad de «reponer la situación alterada» o la indemnización de daños y perjuicios causados, según apuntan desde la Conselleria de Medio Ambiente.

Sanciones ejemplares

Por lo que respeta a los expedientes abiertos el año pasado, llegaron a la Conselleria 254 denuncias del Seprona y de los agentes medio ambientales. El tipo de infracción más denunciada fueron los vertidos de residuos en lugares prohibidos, seguido de empresas que operaban sin la autorización pertinente para la gestión de residuos. Además, también se recogieron sanciones por la gestión incorrecta de residuos o por su quema. En ese periodo se interpusieron infracciones por un valor total de 144.103,74 euros. Las penas económicas van de los 300 euros por quemas de residuos hasta los 20.000 por no tener las autorizaciones correspondientes. Desde la Conselleria balear de Medio Ambiente reconocen que el año pasado se dio un «fuerte impulso» a la instrucción de expedientes sancionadores.

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