Fevitur, Adigital, Aptur Baleares, Airbnb, HomeAway, Pimem, Rentalia, Spain Holiday.com, Pimeco y Novasol han firmado el manifiesto «Por un modelo de turismo sostenible y responsable en las Islas Baleares».

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Diez asociaciones y empresas que gestionan el alquiler turístico en Balears calculan que la nueva ley que regula esta actividad supondrá unas pérdidas de 1.000 millones de euros para los residentes y los comercios locales, que dejarán de percibir estos ingresos.

Fevitur, Adigital, Aptur Baleares, Airbnb, HomeAway, Pimem, Rentalia, Spain Holiday.com, Pimeco y Novasol han firmado el manifiesto «Por un modelo de turismo sostenible y responsable en las Islas Baleares», que han presentado en rueda de prensa.

Los firmantes se refieren a la modificación de la ley turística relativa a la comercialización de estancias turísticas aprobada por el Parlament balear el pasado 18 de julio, que en el documento califican de «ley confusa y desproporciona contra las familias baleares que alquilan o comparten su casa».

Según el director general de Adigital, José Luis Zimmerman, a las entidades les une «el denominador común» de «la preocupación por un sector relevante en la economía» de las islas que tiene «una enorme transversalidad e impacto».

Las entidades confían en que finalmente la ley autonómica, al interferir con normativas estatales, quede sin efecto, gracias a la participación del Estado, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y al aval de las leyes europeas.

Tolo Gomila, de la junta directiva de Fevitur, ha dicho que están «expectantes» y se ha mostrado convencido de que el Estado se personará ante el Tribunal Constitucional y pedirá la suspensión de la ley autonómica al entrar en contradicción con dos leyes estatales.

Un paso más sería la preparación de una demanda conjunta, que tiene los inconvenientes de un elevado coste y que requiere el apoyo de un número determinado de diputados.

Además, estarán muy atentos ante las denuncias de los asociados y propietarios de viviendas en el momento que se les niegue permisos y ante posibles irregularidades para actuar en contra de la normativa. Para las entidades, esta ley, que inicialmente prohíbe el alquiler turístico en pisos y deja en manos del Ayuntamiento de Palma y las consells insulars la zonificación para permitirlo con una moratoria de facto de un año, «provocará efectos muy negativos para el conjunto de la economía familiar» de quienes se dedican a esta actividad.

En el manifiesto explican que unos 20.000 ciudadanos dejarán de percibir unos 100 millones de euros anuales debido a la nueva ley «que imposibilita regular de forma adecuada el alquiler vacacional» que siempre ha existido en las islas.

Además, estiman que los negocios locales, alejados de las principales zonas turísticas, dejarán de ingresar unos 900 millones de euros al año, con el consecuente impacto negativo en la economía de estos municipios baleares.

Para las entidades, la ley no alcanzará los objetivos comunes de todos lo que forman parte del sector de construir «un modelo de turismo sostenible».

Baleares, ha explicado Gomila, tiene la particularidad de que el 90 % de los que se dedican al alquiler turístico son propietarios de viviendas, por lo que «la prohibición de facto» de esta actividad ha logrado el objetivo contrario al anunciado por el Govern de «democratizar y socializar» los ingresos del turismo.

A pesar de las críticas a la ley, que consideran será difícil que siga adelante, las entidades han pedido a sus asociados que cumplan con ella, «aunque no les gustase».

Por su parte, el presidente de Aptur, Joan Miralles, ha insistido en que la ley plantea dudas legales y tiene consignas contradictorias, a la vez que ha pedido al Govern que cuente con el sector y «en positivo» para asuntos relacionados con el turismo.

El presidente de Pimeco, Bernat Coll, ha subrayado la importancia de los ingresos que genera para las economías domésticas el alquiler turístico, que ha permitido a muchas familias recuperar su vivienda y al comercio local mantenerse y revitalizar zonas fuera del circuito tradicional.

En el manifiesto insisten en que «daña la competencia y beneficia de manera clara a un sector del alojamiento concreto que aprovechara para consolidar aún más su posición dominante», y al que acusan de haber provocado la estacionalidad, la concentración del turismo en zonas concretas y el sistema del todo incluido que favorece a unos pocos.

El documento indica que la nueva ley «propicia la vuelta al pasado, a la opacidad y a mantener un modelo turístico caduco».

Finalmente, se comprometen a trabajar de forma conjunta «en la adopción y fomento de medidas y acciones orientadas a garantizar un turismo de todos, sostenible y responsable para las Islas Baleares».