Aunque los tres artículos ya habían quedado en suspenso tras la interposición del correspondiente recurso del Constitucional, el presidente de la Comisión Balear de Medio Ambiente, Antoni Alorda, admitió que con la nulidad del artículo 26.2 «el papel del Govern en los grandes proyectos de titularidad estatal en materia ambiental queda en entredicho», toda vez que elimina la capacidad de nulidad que planteaba la norma autonómica.
Así, iniciativas referidas a prospecciones petroliferas, aeropuertos, depuradoras, cables submarinos, prisiones, puertos del Estado... no podrán ser bloqueadas por el Govern «aunque nosotros, por la vía judicial seguiremos pidiendo la nulidad si consideramos que son perjudiciales para el medio ambiente», comentó Alorda.
Sin exenciones
Otra de las implicaciones del fallo del Constitucional hace referencia al listado de exenciones del estudio de impacto ambiental que figuraba en la norma autonómica, el cual también ha sido anulado «y obliga a una burocratización innecesaria», en opinión del presidente de la CBMA al corresponder a modificaciones del planeamiento con un impacto nulo o, incluso, positivo desde el punto de vista medioambiental; como sería el caso de la desclasificación de suelo urbano.
2 comentarios
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O sigui que des de Madrid, amb un desconeixement total del terreny podem impulsar projectes dolents per la natura, les illes i els seus habitants mirant només pels interessos econòmics seus.
Hay que seguir confiando en el estado español para que nos pueda seguir robando y tirando para atrás todas las iniciativas que puedan mejorar la calidad de vida de las personas. Hay que seguir confiando en el pp para que nos siga exprimiendo todo el trabajo i sangre a base de impuestos. Viva españa. Hay que seguir votando al pp.