Imagen de un grupo de tumbas en el cementerio de Palma.

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El Gobierno considera inconstitucional que el Govern trate de quedarse la herencia de quienes mueren sin haber hecho testamento y sin herederos conocidos, y envíe después este dinero o las propiedades al Consell y al ayuntamiento donde residía el muerto. El Parlament incluyó esta disposición en la ley que reúne y actualiza el Derecho Civil específico de Balears, pero el Gobierno acaba de advertir de que esta decisión es inconstitucional.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha enviado un requerimiento de inconstitucionalidad a la Conselleria de Presidència para resolver las discrepancias legales sobre esta ley.

Esta decisión implica que Govern y Gobierno deben sentarse a negociar en una comisión bilateral para tratar de alcanzar un acuerdo. Si no lo hay, el Gobierno presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional.

La Compilación de Derecho Civil fue aprobada en el Parlament el pasado mes de agosto. Se trata de una ley que actualiza la legislación civil propia de las Islas. En ella se incluía esta disposición para que fuera el Govern balear y no el Gobierno central quien se quedara con los bienes de las personas que mueren sin hacer testamento y sin herederos conocidos. Los expertos consultados no aclaran si la advertencia de inconstitucionalidad afecta al hecho de que el Govern se quede los bienes o a que los distribuya entre el Consell y el ayuntamiento del finado.