De izquierda a derecha, en la primera fila, durante una visita al Hospital Comarcal d’Inca, Juli Futer, gerente del IB-Salut; la consellera Patricia Cómez; la gerente del centro sanitario, Soledad Gallardo, y la presidenta del Govern, Francina Armengol.

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La decisión está tomada y la presidenta Armengol y su partido, el PSIB, asumirán la responsabilidad política y sus consecuencias: se retirará (técnicamente se suspenderá su elaboración) el decreto por el que se regulaba la exigencia del catalán en la sanidad. El catalán, como establece la Ley de Función Pública, será un requisito pero, tal como establece la norma, el sector sanitario tendrá un tratamiento especial. Eso no supone que, en el futuro, no se ponga de nuevo sobre la mesa.

Més, socio del PSIB en el Govern, ya conoce la decisión. Y no le gusta. Entiende que sin un decreto, las oposiciones que IB-Salut pretende convocar en los próximos años, corren peligro y que quedarán en manos de cualquier recurso si no se convocan con todas las garantías jurídicas. Además, interpretan que parecerá una derrota clara del Ejecutivo ante las presiones de la llamada 'marea blanca', es decir del sector médico, y del PP.

Los socialistas entienden que –en un caso como este– lo primero que hay que garantizar es la atención médica. Según ha sabido Ultima Hora este jueves se celebró una nueva reunión con este asunto de fondo. El IB-Salut sustituirá el decreto por órdenes o instrucciones para que cada especialidad tenga claro que nivel de catalán se exige.

Como norma general, se aceptará un periodo transitorio para que cualquier persona adquiera los conocimientos lingüísticos que se fijan por ley.