La información publicada en su día provocó una serie de escritos de queja por parte de las defensas de los directivos del Grupo Cursach por entender que se violaba el secreto de sumario. El juez instructor de la causa, Miquel Florit, ordenó la incoación de unas diligencias previas por un posible delito de revelación de secretos y ordenó a la Policía Judicial que investigase la fuente de dicha información.
Tres agentes y una secretaria judicial han entregado en la redacción la orden de registro y han exigido a la periodista que cubre información relacionada con el caso Cursach que entregase cualquier documentación sobre la macrocausa de la Policía Local.
La redactora se ha acogido a su derecho profesional a no revelar las fuentes y los agentes le han negado contactar con los servicios jurídicos de la empresa. Por ello, amparándose en el mandato judicial, los agentes se han llevado su teléfono móvil personal, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel con el objetivo de determinar el origen de una filtración sobre la causa, que está siendo investigada.
Además, los agentes también han requisado el móvil a un redactor de Diario de Mallorca.
Posteriormente, la Policía se ha presentado en la redacción de dicho periódico. Allí los trabajadores han comunicado a los agentes desplazados que «voluntariamente no se entregaría ningún material de la investigación del caso Cursach», según ha explicado el Diario de Mallorca en su perfil de Twitter.
Los investigadores también requirieron información por orden judicial en su día a la Agencia EFE.
Tanto el Sindicato de Periodistas de las Islas Baleares como la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares, así como numerosos profesionales de la información, se han pronunciado en redes sociales en contra de la intervención policial y de la orden dictada por el juzgado de instrucción número 12 porque entienden que supone una vulneración del derecho al secreto profesional amparado por la Constitución.
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La Policía no puede obtener ilegalmente información. Si lo hace, los policías se la juegan por haber delinquido. Y, además, si usan la información, la pena es más grave y las pruebas obtenidas, ilegales e inútiles. En cambio, si un periódico publica una información obtenida ilegalmente, por ejemplo, en una causa bajo secreto de Sumario, porque alguien de dentro pase información a un periodista, pues aquí la publican y no ha pasado nada. Está muy bien que los periódicos sean un azote del poder. Estoy a favor de ello. Pero no de que consigan información reservada. Mucho mejor de manera legal. Deberían bastar los códigos deontológicos y de buenas prácticas en la Facultad de Periodismo, si es que se enseñan. Y si no bastan o no se les hace caso, pues el Código Penal. Es mi opinión.