Negociaciones de última hora para buscar un acuerdo en el ‘caso Puertos’

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Gerardo Díaz Ferran

El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán afronta una petición de tres años y medio.

07-01-2019 | M. A. Cañellas

El juicio por el caso Mar Blau que sienta en el banquillo a once acusados por amaños en la adjudicación de puertos en Balears arranca el miércoles a la espera de un posible pacto. En las últimas semanas se han producido distintos contactos entre las partes que, por el momento, no han fructificado. El principal obstáculo para un pacto es la presencia de varias acusaciones particulares y, sobre todo, las elevadas responsabilidades civiles que pueden derivar de los delitos, de las que dan medida los 50 millones de euros de fianza que tienen impuestos los acusados.

En los últimos días se ha producido un acercamiento de las posturas, sobre todo en torno a algunas de las mercantiles que se vieron perjudicadas por concursos amañados en las Pitiüses. En cualquier caso, un posible acuerdo se cerraría in extremis. La Fiscalía Anticorrupción sí estaba dispuesta, en principio, a retirar algunas de las acusaciones y a moderar las peticiones de pena, toda vez que se trata de una causa abierta en el año 2008 y que ha acumulado más de una década de instrucción.

Los principales acusados en la causa son el exdirector de la Autoridad Portuaria Ángel de Matías y el expresidente del organismo Francesc Triay. El primero afronta una petición de condena de 18 años de cárcel y, el segundo, de diez. El ministerio público les acusa de manipular cinco procedimientos públicos diferentes para la adjudicación de otros tantos puertos de las Islas, en especial en Maó y Eivissa. Además, está acusado el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, a quien se reclaman tres años y medio. Su empresa, Trapsa Yates tiene un especial protagonismo en la causa. Esta empresa se había presentado a un concurso para obtener una serie de amarres en Menorca. Los responsables de puertos querían adjudicar el proyecto a otra mercantil y, según la Fiscalía, plantearon a Trapsa que, si abandonaba el concurso de Menorca, sería compensado con otro en el puerto de Eivissa. A cambio, uno de los acusados recibió una cocina valorada en 6.000 euros. Otro se hizo a precio de saldo un apartamento en primera línea de playa en Formentera.

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practicante
Hace 5 meses

Este pais esta enfermo, algunos alabando a los ladrones, por que todos son de la banda organizada..?

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Antonia
Hace 5 meses

Estas negociaciones para librar de la cárcel a estos personajes me parecen indignas. Nada debería librarles de responder ante el juez por sus actos. Que se vea a las acusaciones populares como un obstáculo da idea de los chanchullos que se están cociendo en los pasillos de esas empresas.

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La secta
Hace 5 meses

Los pecados de la izquierda se ocultan. En cambio lo que hacen los otros se expande a los cuatro vientos. Lo tienen todo infiltrado, desde la universidad a los medios. Esa es la democracia bananera que disfrutamos... Camino de Venezuela.

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“Para nascut el 43”
Hace 5 meses

Cuando habla de masa social de socios de los Clubs marítimos, se refiere a todos esos vividores que se nutren de atraque gratuito bajo la apariencia de entidad ciudadana, de beneficio a los socios, etc...???

Uds, son unos auténticos vividores a cargo también de la administración pública, y eso es de sobra conocido por todos aquellos que vivimos en el puerto. Déjense de tanto cinismo, y costeense sus propios caprichos.

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luis
Hace 5 meses

Yo lo que me pregunto es una cosa, porque cuando los acusados son ex-cargos nombrados por el PP, lo ponen y cuando son del PSOE, no?. A ver quien nombró a Triay y a los demás?.Triay era o fue cargo del PSOE, porque no se pone?.Y los nombres de todos los acusados y su procedencia?. En la prensa no se pueden hacer distinciones, o todos o ninguno!!!!

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nascut el 43
Hace 5 meses

Bien mirado los mas perjudicados fueron la masa social de socios de los Clubs que se quedaron sin sus amarres que sus clubs gestionaban. El Estado, a través de su organismo, Puertos del E. cobró lo que le pareció según los concurso que ese organismo convocó ,cocinó y decidió. Pero a los propietarios de embarcaciones acogidos a los Clubs como entidad ciudadana, nadie los compensará ni les pedirá opinión para las "rebajas". Parece indignante (a salvo de conocer el asunto a fondo) pero igual la Fiscalía no asume el papel de los socios y los clubs. Pero si se tratara de no dejar ir a esquiar a la sierra a los madrileños, me temo que clamarían al Cielo por el perjuicio a la sociedad y al pueblo en general., en nombre de la democracia y los derechos y .. etc. etc.

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