Así lo ha explicado en declaraciones a los medios después de presentar la memoria anual correspondiente al año 2018 de la OBIA al presidente del Parlament, Baltasar Picornell, que revela que la oficina ha llevado a cabo 259 actuaciones, de las que el 62 por ciento --160 actuaciones-- han implicado la apertura de un expediente relacionado con una posible vulneración de derechos de los menores.
En este sentido, según el ámbito de actuación, el grupo más numeroso es el de las actuaciones relacionadas con el apartado de integración social y protección jurídica, un 37 por ciento; seguido por actuaciones relacionadas con otras administraciones públicas y privadas, un 36 por ciento; educación, un 13 por ciento y salud, un 4 por ciento.
Más concretamente, de éstas, el 43 por ciento han llegado a través de profesionales del ámbito, el 15 por ciento han sido madres, el 5 por ciento padres, mientras que el 3 por ciento corresponde a demandas solicitadas directamente por menores de edad. Por islas, Mallorca engloba el 88 por ciento de las demandas registradas, seguida por Ibiza, con el 6,8 por ciento y Menorca, con el 1,9 por ciento de los casos.
El informe recoge el conjunto de actividades que se han llevado a cabo y hace una valoración del nivel de cumplimiento de los derechos de la infancia en la Comunidad, con lo que, entre otras cuestiones, determina que «ha habido avances importantes» pero «la crisis económica ha dejado una estela en relación a la pobreza infantil».
«Aún es muy preocupante el umbral, las cifras que tenemos del Instituto Nacional de Estadística (INE), aunque son de 2017, nos hablan de un 30 por ciento de niños que viven bajo el umbral de la pobreza, 4 puntos por encma de la media europea. Además, se agrava con los contratos de temporalidad alta, la emergencia habitacional y las familias que no llegan a final de mes», ha explicado Carballo.
Asimismo, Carballo ha recordado que desde la OBIA tienen un convenio firmado con el Teléfono de la Infancia de la Fundación Anar, en la que reciben posibles situaciones de riesgo, y ha explicado que en las Islas han llegado a un total de 2.157 llamadas por maltrato anuales, de las cuales 1.997 han requerido de un asesoramiento posterior y 160 han sido derivadas a una orientación especial.
De estos, un 65 por ciento han sido clasificados como situación de violencia en el ámbito familiar, pertenecientes a maltrato, maltrato psicológico y abuso sexual, unos 300 caso.
Ante esta situación, Carballo ha reiterado que son cifras que pertenecen al teléfono de Anar y ha insistido en que Balears es la comunidad que más notificaciones registra por maltratos. «Estamos contentos porque es donde más se detectan y se debe a los niveles de implicación que tienen los profesionales de los centros sanitarios y escolares, entre otros. En vez de mirar hacia otro lado, notifican», ha aseverado.
Por último, además de las actuaciones llevadas a cabo, por ámbitos y vías de entrada, el informe destaca la puesta en marcha, por primera vez en las Balears, de las salas de justicia 'amigables', a iniciativa de la Oficina y con la colaboración del Ministerio de Justicia, para «reducir el estrés que supone para los menores su paso por las dependencias judiciales».
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