La ley por la que se creó la Oficina Anticorrupció estipula que los diputados que dejan el Parlament también tienen que presentar una declaración de bienes al final de la legislatura.

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El director de la Oficina Anticorrupció de les Illes Balears (OAIB), Jaime Far, ha enviado un escrito a los diputados electos del Parlament balear en el que les pide que presenten su declaración de bienes y patrimonio y su declaración del IRPF y recomienda, además, que entreguen también la declaración de IRPF de sus cónyuges o parejas estables. La recomendación ha sentado muy mal entre algunos diputados, que consideran que el director de la Oficina Anticorrupció se extralimita al pedir esta documentación.

Algunos diputados han expresado su malestar porque consideran que no es de recibo que sus parejas tengan que hacer «desnudo integral» de sus bienes. Creen además que la sugerencia ya es un condicionante, ya que se abre la sombra de la sospecha sobre quien no lo haga.

Sin embargo, la petición de Far tiene base legal ya que la ley de creación de la Oficina Anticorrupció señala en su artículo 25 la obligación de que los cargos públicos presenten su declaración de bienes y añade lo siguiente: «Voluntariamente, el cónyuge, la pareja estable o la persona con quien convivan en análoga relación de afectividad pueden formular esta declaración, que será aportada por el cargo público».

La inclusión de esta norma ya provocó polémica en el momento de su debate parlamentario, pero los diputados se han olvidado de ella hasta que les ha llegado la notificación de Jaime Far.

De hecho, el escrito les ha llegado, de momento, a todos los diputados que han sido elegidos en las pasadas elecciones, pero el ámbito de actuación de la oficina se extiende también a los futuros miembros del Govern, incluidos asesores y personal directivo de las empresas públicas.

También afectará a los miembros de los consells y los representantes municipales, además de a los responsables de organismos como la Sindicatura de Comptes, el Consell Consultiu, la Agència Tributària, a los cargos directivos de la Universitat de les Illes Balears y a los responsables de cualquier ente con participación pública. La carta ya ha llegado a manos de los diputados y es muy probable que, a partir de ahora, se extienda al resto de cargos públicos que se ven afectados por la ley.

La declaración de IRPF de los diputados ya era pública y se podía consultar en la web del Parlament, pero desde que se creó la Oficina Anticorrupció es este el organismo encargado de custodiar las declaraciones de los diputados.