El PP recurrirá en el Supremo la sentencia por fraude. | Efe

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El PP recurrirá ante el Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que le obliga a devolver casi 213.000 euros por el uso irregular de fondos públicos en la campaña electoral de 2007.

El PP ha emitido este jueves un comunicado en el que anuncia que, «desde el respeto a las decisiones judiciales», acudirá al alto tribunal para defender sus intereses.

La sala de lo contencioso administrativo del TSJIB dictó este martes una sentencia en la que confirma el acuerdo adoptado el 12 de enero del año pasado por el Govern balear, que revisaba la asignación de subvenciones electorales para los comicios de 2007 y reclamaba al PP la devolución a las arcas públicas de 212.941,11 euros.

Esta era la cantidad, una vez sumados los intereses, que había fijado la Sindicatura de Cuentas a raíz de la sentencia de un juzgado de lo penal de Palma que en octubre de 2015 condenó al extesorero del PP Fernando Areal, cuñado del expresidente Jaume Matas, por falsear las cuentas del partido y ocultar una aportación de casi 72.000 euros de un proveedor.

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El TSJIB rechaza los argumentos del recurso del PP, entre ellos que la reclamación de devolución del dinero recibido irregularmente se debía a «razones políticas, ideológicas y partidarias», apelación que el tribunal considera carente de «rigor jurídico».

También rebate la sentencia que el partido no pueda ser responsable de los hechos de «un tercero» (Areal) y subraya que es, «nada más y nada menos, quien ostentaba el cargo de administrador de la candidatura».

Asimismo, el TSJIB avala el cálculo de la cuantía a reintegrar llevado a cabo por la Sindicatura de Cuentas y la legitimidad de ese organismo para efectuarlo a instancias del Govern.

En su comunicado de reacción a esta sentencia, el Partido Popular subraya que «los hechos juzgados se remontan a hace 12 años».

«La dirección autonómica del PP lamenta el daño que esta situación provoca en la imagen de nuestra formación, como consecuencia de unos hechos cuyos responsables ya no están en el partido ni en la política», incide.