La causa aún no ha llegado a la Sala de lo Penal de la Audiencia, que celebrará el juicio y dictará sentencia. Está a la espera de que se emplace a varias mercantiles como responsables civiles subsidiarias. Una vez se complete ese trámite la causa estará lista para que se señale fecha para el juicio, que se espera en torno a la primavera del año que viene y que tendrá una duración de varias semanas ante la numerosa prueba solicitada por las acusaciones.
Todos los acusados rechazan que se produjera un delito en la financiación otorgada al Grupo Martín Gual y que, en todo caso, una posible administración desleal estaría prescrita. Inciden en que algunos de los acusados no ocupaban cargo alguno cuando se decidieron las operaciones y que éstas estaban avaladas por distintos órganos de control de la entidad financiera.
La Fiscalía reclama penas de cuatro años de prisión para todos los acusados menos para uno, a quien reclama dos años y medio. Sostiene en su calificación provisional que esas operaciones de financiación se llevaron a cabo sin valorar los riesgos y que tenían como objetivo ocultar ante terceros el «progresivo deterioro patrimonial» de la entidad. «Martín Gual aceptó colocarse en esa posición porque no asumía riesgo alguno y obtuvo un importante beneficio económico», sostiene la acusación pública en su escrito.
También mantiene los cargos contra los cinco encausados Bankia, la sucesora de Sa Nostra, que además exige una indemnización de 125 millones de euros, cantidad en la que estima sus pérdidas por la operación. Asimismo está personada la Sareb que asumió parte de los activos dentro del proceso de reestructuración bancaria.
Durante la instrucción, el juez Santiago Pedraz tomó declaración a todos los antiguos miembros del consejo de administración de la sociedad y, finalmente decidió continuar el proceso solo contra los cinco acusados.
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