El Gobierno y el Govern han llegado a un acuerdo para evitar el recurso tanto en los relativo a las bolsas de plástico como a aspectos fiscales que introdujo el Ejecutivo en el texto. La decisión ha sido finalmente positiva pese a que en una reunión de la Comisión Bilateral convocada para dirimir estas discrepancias, el Gobierno se mostró inflexible en su idea de presentar un recurso al Constitucional.
El director general de Residus del Govern, Sebastià Sansó, se mostró muy satisfecho con el cambio de actitud del Ejecutivo central. Opinó que resultaba muy chocante que el Gobierno alabe las leyes pioneras de Baleares y las ponga como ejemplo de lo que debe hacerse y, de forma simultánea, presente un recurso al Constitucional por un posible conflicto de competencias.
«Nosotros no estábamos dispuestos a dar marcha atrás porque el Estatut d’Autonomia señala de forma clara que tenemos competencias para aprobar este tipo de normas», dijo Sansó.
En opinión del director general de Residus, para el Gobierno era una papeleta «incómoda» tener que llevar al Constitucional una ley que él mismo piensa desarrollar si sigue en La Moncloa.
El texto aprobado por el Parlament es más restrictivo que la normativa estatal ya que fija que a partir de 2021 no puede haber bolsas de un solo uso. La ley estatal prohíbe las de plástico, pero permite las compostables, algo que no sucede con la balear. Para el director general de Residus, era muy importante «no claudicar» y defender la vigencia de la ley hasta el final.
La ley de residuos es una de las más ambiciosas que aprobó el Parlament, a instancias del Govern, en la pasada legislatura. Fue muy contestada por las empresas de comercialización por la drástica prohibición de muchos productos de uso cotidiano.
Entre estos productos figuraban las maquinillas de afeitar desechables, los bastoncillos de plástico para los oídos, las cápsulas de café no reciclables y las pajitas de plástico. Estas grandes empresas mutinacionales llegaron a presentar alegaciones en el Parlament para pedir que no se aprobara el texto. El Parlament rechazó todas las alegaciones presentadas por las empresas.
Ley contra el diésel
El Govern ha alcanzado ya varios acuerdos con el Gobierno central para evitar el recurso al Constitucional pero hay una ley en la que parece poco probable que haya acuerdo: la ley de cambio climático. Se trata de la ley que prohíbe los coches diésel en la Isla, que no se ve con buenos ojos por parte de los sectores afectados.
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