La OCB considera la sentencia del TSJB una oportunidad para que catalán sea un requisito en la sanidad

Según ha informado la OCB este sábado en una nota de prensa, «la sentencia deja claro que el catalán no puede ser un requisito de acceso en una parcela de la Administración pública sin que se modifique la Ley de Función Pública».

En este sentido, la entidad se hace eco de que en la sentencia también se reconoce «el derecho constitucional de los ciudadanos a ser atendidos en catalán, esto es, a dirigir comunicaciones en catalán y a recibir contestación en catalán, sumado a otras justificadas razones, como la eficacia administrativa o la normalización lingüística».

Se trata pues, de un reconocimiento que, según la misma sentencia recogida por la OCB, «hacen preciso que la Administración de la Comunidad Autónoma otorgue relevancia jurídica al conocimiento de la lengua catalana al objeto del ingreso y/o la provisión de plazas en la función pública de las Islas Baleares».

Asimismo, según la Obra Cultural Balear, el Tsjib reconoce en su escrito que «la Administración de la Comunidad Autónoma puede, pues, ordenar el conocimiento de la lengua catalana contemplándolo no meramente como mérito sino, como en el caso ocurre, como requisito general de acceso a las actividades públicas».

Igualmente, la entidad ha destacado que la sentencia reconoce la «progresividad» del proceso de normalización lingüística, puesto que en la sentencia se afirma «el reconocimiento del plurilingüismo, que añade unos nuevos derechos y deberes lingüísticos, en definitiva, fortalece el Estado porque este se aproxima de este modo a su realidad social».

Por este motivo, la OCB ha reiterado que «se trata de una oportunidad inmejorable» para que el Govern rectifique y el catalán sea un requisito para trabajar en la Sanidad.

A este respecto, ha solicitado al Ejecutivo autonómico que no presente recurso de casación ante el Supremo y en el próximo consejo de Gobierno apruebe un nuevo decreto. En este caso, ha añadido, que esté de acuerdo con la Ley de Función Pública y que «marque, con criterios de proporcionalidad, los requisitos lingüísticos que tienen que cumplir los que quieran acceder a un lugar a la Sanidad pública».