La consellera de Asuntos Sociales,Fina Santiago, en una reciente reunión por vía telemática con el ministro de Inclusión y Seguridad Social, Ángel Escrivá.

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La Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes ha tramitado en abril un total de 3.846 nuevas prestaciones económicas a familias que se han quedado sin ingresos a causa del impacto económico causado por la pandemia de coronavirus, lo que supondrá un desembolso de 2,1 millones de euros.

Ello significa que en abril 7.909 personas recibirán la Renta Social Garantizada Extraordinaria por la vía rápida, o por un informe favorable de los trabajadores sociales o a través de las subvenciones a las entidades.

En abril se han incorporado a la Renta Social Garantizada 3.846 titulares nuevos con un total de 7.909 beneficiarios (en este dato se tiene en cuenta los miembros integrantes de las familias perceptoras de la prestación). Los núcleos familiares recibirán una prestación económica que oscila entre los 459,14 euros, en el caso de una persona sola, a 734 euros, en el caso de una familia integrada por cuatro miembros o 873,35 euros en el caso de una familia de siete miembros. La media es de 545,49 euros.

Si se extrapolan los datos por número de familias tenemos que hay 1.981 familias de un solo miembro. 740 de dos, 545 de tres, 376 de cuatro y 161 de cinco.

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Con los perceptores habituales de la Renta Social Garantizada a finales de este mes habrá 12.387 titulares, la prestación beneficiará alrededor de 22.000 personas y la inversión de la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes será superior a los cuatro millones de euros.

Esta acción se mantendrá también durante el mes de mayo y se irán incorporando personas y familias que se han quedado sin ingresos económicos ni posibilidad de acceder a otras ayudas.

Al mismo tiempo, se valorará ampliar esta medida extraordinaria, y por lo tanto los fondos económicos, un mes más en función de la continuidad del estado de alarma y la puesta en marcha de de Ingreso Mínimo Vital por parte del Gobierno central y que se hace capital para dar respuesta al aumento de la vulnerabilidad de las familias como consecuencia de la COVID-19.

De estas 3.846 familias, 3.092 residen en la isla de Mallorca, 188 en Menorca, 413 en Eivissa y 153 en Formentera.

El Govern aprobó a principio de abril, con una vigencia inicial de dos meses, una serie de medidas extraordinarias, entre de ellas las referidas a la Renta Social Garantizada para flexibilizar el acceso para llegar a los mayores de 18 años que sufren una situación de emergencia social provocada por el COVID-19 así como facilitar la tramitación administrativa para que las familias puedan cobrarla cuánto antes mejor.