Una protesta contra los recortes en sanidad en 2012.

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Todos los sindicatos sin excepción rechazaron este viernes la decisión del Govern autonómico de congelar el sueldo a sus 34.000 funcionarios y no aplicarles la subida ya acordada para este año del 2 por ciento. Algunos agentes sociales fueron más allá del simple rechazo y advirtieron –alguno incluso lo vaticinó– de que la medida podría traducirse en conflictividad social.

Comisiones Obreras, que dice comprender que la Comunitat Autònoma tendrá que gestionar «un enorme problema de gasto» y poner en valor el esfuerzo económico que se tendrá que realizar, critica que no se haya cumplido un acuerdo ya alcanzado y advierte de que ello «puede provocar movilizaciones de los empleados públicos para defender sus derechos».

El sindicato UGT se mostró más crítico y señaló que las Illes Baleares serán la única comunidad autónoma donde este año no se aplicará la subida del 2 por ciento. Además, calificó la medida de «recorte». Respecto a posibles movilizaciones, señaló que planteará reivindicaciones en las mesas sectoriales donde se abordará qué complementos retributivos autonómicos hay que recortar y que «de su desarrollo [de estas próximas reuniones] dependerá el grado de conflictividad en los servicios públicos».

El CSIF mostró su «más profunda indignación» ante la medida, que calificó de «castigo a unos trabajadores que han estado prestando servicios públicos esenciales» durante la pandemia, y lanzó una mensaje a la presidenta del Ejecutivo: «que tenga bien claro la señora Armengol que esta organización realizará todas aquellas acciones que estime oportunas para evitar este tipo de ataques y restituir todo aquello que les va a ser arrebatado» a los funcionarios.

El STEI Intersindical cargó contra la «nula voluntad negociadora» del Ejecutivo y advirtió al Govern de que el recorte generará un clima de conflicto con sus trabajadores públicos».

Los sindicatos del personal sanitario también expresaron su rechazo a la decisión del Govern. El SIMEBAL (Sindicato Médico de Balears) fue el más contundente y advirtió de que «se multiplica el clima de malestar» entre los facultativos. «Este nuevo decretazo no hace sino encender el fuego en un colectivo que ha demostrado su compromiso con la sociedad». «Los aplausos de los ciudadanos son reconvertidos en un recorte penalizador por el Govern», criticó el presidente de la entidad, Enrique Lázaro. El SIMEBAL se mostró también indignado porque «se siguen manteniendo agravios comparativos con la clase política, que conserva privilegios vergonzantes como, por ejemplo, el complemento de indemnización de residencia de 22.000 euros». Asimismo, anunció que impugnará la medida judicialmente.

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SATSE, el Sindicato de Enfermería, reclamó la negociación de estos aspectos laborales y que los profesionales sanitarios sean beneficiarios de medidas adicionales compensatorios por «el tremendo esfuerzo realizado» realizado al atender los enfermos por COVID-19.

Del ámbito educativo, el sindicato ANPE puso el énfasis en que esta medida crea un agravio en comparación al resto de funcionarios autonómicos, que ya perciben o percibirán este incremento del 2 por ciento.».

Sin negociación ni papeles

Los sindicatos coinciden en una parte importante de sus críticas al Govern. Por ejemplo, casi todos señalan que el Govern acudió a la reunión en que se les anunció la congelación de sueldos sin la más mínima voluntad de negociar y que ni siquiera les entregó un documento con su propuesta. La mayoría también dicen que, aunque se haya querido ‘vestir’ como una congelación de sueldos se trata de un «recorte». Otro punto en común es que esta Comunitat Autònoma es la única que este año no aplicará la subida del 2 por ciento prevista.

Isabel Castro afirma que la prioridad es que no se pierdan derechos laborales

La consellera d’Administracions Públiques, Isabel Castro, defendió que la medida adoptada tiene un doble objetivo: que los funcionarios «no pierdan derechos laborales» –hizo hincapié en que ninguno verá disminuir su retribución– y en que ello permite contratar a otros trabajadores para prestar los servicios públicos –al respecto, recordó que se han contratado a 900 sanitarios y que la plantilla de docentes aumentará el próximo curso con 458 nuevos efectivos–.

Interrogada sobre el diálogo social con los sindicatos, Castro dijo que se habían hecho dos reuniones: una antes de la pandemia y la del jueves, donde se les anunció la medida. Aunque periodistas se lo preguntaron, la consellera no aclaró si el Govern está dispuesto a renegociar la congelación de sueldos con los agentes sociales.