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El conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, ha firmado este martes la primera resolución por la que el Govern inicia la expropiación de 56 viviendas de grandes propietarios inscritas en el registro oficial, con un coste total de 1,8 millones de euros, por un plazo de siete años.

Se trata de 27 viviendas en Mallorca, 23 en Menorca y seis en Ibiza, que, una vez se finalicen los trámites, se ofrecerán como alquiler social.

La resolución de este martes supone el inicio de la expropiación del primer paquete de pisos vacíos, propiedad de grandes tenedores, que una vez completado todo el proceso legalmente establecido se podrán incorporar durante 7 años al parque de vivienda social que gestiona el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).

Las 27 viviendas a expropiar en Mallorca están situadas en Palma (11), Inca (11), Llucmajor (2), Manacor (2) y Calvià (1); las 23 de Menorca se encuentran en Ciutadella (17) y Maó (6); y las de Ibiza en Vila (1), Santa Eulària des Riu (2) y Sant Antoni de Portmany (3).

En los próximos días se publicará la resolución en el BOIB, se notificará a los grandes tenedores la expropiación de uso y se abrirá un plazo para la presentación de alegaciones.

Técnicos de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura han visitado las viviendas, que se han considerado adecuadas por sus dimensiones, características y estado para incorporarse al parque de vivienda social.

El conseller Marí ha destacado que con esta primera resolución se empieza a materializar una de las iniciativas más innovadoras de la Ley de la Vivienda de Baleares, como es la cesión obligatoria de los pisos vacíos de los grandes tenedores en aquellos lugares donde hay una necesidad objetiva de vivienda.

Marí ha asegurado que «es una medida pionera en todo el Estado» ya que, aunque algunas comunidades tienen figuras asimilables, «están, la mayoría, en fase de detección de pisos vacíos y no se ha producido ninguna medida de cesión obligada de viviendas del alcance de la que hoy se inicia en Baleares, que incluye 56 pisos».

El conseller ha defendido que esta medida permite «sacar pisos del mercado especulativo para ponerlos en manos de quien más lo necesita» y retorna su función social a la vivienda, que se incumple cuando se mantiene cerrada y vacía.

La cesión de uso es un procedimiento expropiatorio, por lo que no es gratuito para la Administración, que tendrá que pagar un justiprecio en un pago único para poder destinar durante 7 años estos pisos a alquiler social.

Para este primer paquete de pisos por expropiar, se prevé un coste de 1,8 millones de euros.

El precio de compensación que pagará el Govern por estas viviendas es considerablemente inferior a los precios de alquiler registrados como índice de referencia por el Ministerio de Transportes,Movilidad y Agenda Urbana para la comunidad autónoma, que fija un precio medio mensual de 624 euros, mientras que la cantidad que pagará el Govern es de una media de 391 euros mensuales.

Las personas a las que se les adjudicarán estos pisos (una vez que se incorporen al parque público) pagarán un alquiler adaptado a su capacidad económica y que nunca superará el 30 % de sus ingresos. El Govern asume con recursos públicos la diferencia entre el alquiler que pagará el inquilino y la compensación al gran tenedor, si se da esta circunstancia.
Para los pisos de Mallorca la media del precio que el Govern pagará al gran tenedor es de 408 euros al mes. La previsión total es de 926.000 euros en compensación por la cesión.

En Menorca, pagará 336 euros mensuales, hasta 649.000 euros por la compensación.

En Ibiza es donde se pagará el precio más alto: 530 euros mensuales. La previsión presupuestaria para Ibiza es de 266.00 euros para la indemnización a los grandes tenedores.

Paralelamente a la expropiación de uso de este primer paquete de pisos, el Govern sigue una segunda línea de acción que es el ejercicio del derecho de tanteo y retracto en las operaciones de disposición de viviendas entre los grandes tenedores. Al mismo tiempo, refuerza el control sobre los grandes tenedores, con sanciones más graves por los incumplimientos.

El objetivo es, por esta segunda vía, poder adquirir unas 40 viviendas para destinarlas también a alquiler social. De momento, se ha iniciado el proceso de adquisición por esta vía de 8 viviendas ubicadas en Palma, Manacor y Es Mercadal.