El Tribunal Constitucional (TC) ha informado este miércoles que ha admitido a trámite el recurso de Vox contra el decreto del Govern balear que recoge nuevas normas y sanciones para hacer frente a la covid-19 en las Islas Baleares.
En concreto, el decreto recurrido es el 5/2021, que entró en vigor el 7 de mayo, que introduce medidas legales como el confinamiento de municipios, el toque de queda, suspensión de actividades, cierre de empresas, el precio máximo de las PCR o medidas sancionadoras ante una situación excepcional de pandemia o epidemia como la covid-19.
Con ocasión de la presentación de este recurso en agosto pasado, el presidente de Vox en Baleares, Jorge Campos, criticó que el Govern asegurara en su día que se recuperaría la «normalidad» con el proceso de vacunación, pero «mintió» porque, con este nuevo decreto, «aumentan las restricciones» en el archipiélago.
En concreto, la formación liderada por Santiago Abascal había interpuesto recurso contra el artículo primero, apartado 1, del Decreto-Ley 5/2021, de 7 de mayo, por el que se modifican la Ley 16/2010, de 28 de diciembre de Salud Pública de las Islas Baleares, y el Decreto-Ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la Covid-19, por la redacción que da a los apartados 2 y 3 del nuevo artículo 49 bis de la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de Salud Pública de las Islas Baleares.
Según ha informado el Constitucional en una nota informativa el Tribunal ha acordado dar traslado de la demanda y los documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno así como al Parlamento y Gobierno de las Illes Balears, para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.
Desde Vox habían argumentado, entre otras causas, que la norma recurrida podría vulnerar el contenido esencial de los derechos fundamentales y los límites materiales previstos para el decreto-ley. El partido denuncia que se pretenda imponer la vacunación en Baleares, el confinamiento forzoso de su población o la confiscación de bienes.
Sobre la vacunación obligatoria, el decreto señala que el Ejecutivo balear podrá adoptar, entres otras medidas, «el sometimiento a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación, para determinados colectivos o la inmunización, con información, en todo caso, de los posibles riesgos relacionados con la adopción o la no adopción de estas medidas».
El TC ha acordado dar traslado de la demanda y los documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, así como al Parlament y Gobern balear, para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.
Los demandantes argumentan, entre otras causas, que la norma recurrida podría vulnerar el contenido esencial de los derechos fundamentales y los límites materiales previstos para el decreto-ley (artículos 53.1 y 86.1 en relación con los artículos 15, 17.1, 18.1, 19 y 21 de la Constitución).
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