La medida busca facilitar el acceso a la vivienda en Baleares. | S. Amengual

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Unos 1.500 jóvenes de Balears podrán acceder a las ayudas de 250 euros al mes para pagar el alquiler que este martesr aprobó el Consejo de Ministros. El Gobierno repartirá 200 millones en todas las comunidades autónomas y el Govern calcula que a las Islas llegarán unos 5 millones, lo que significa que el bono lo podrán recibir unos 1.500 menores de 35 años. En cualquier caso, el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, recordó que las ayudas que concede el Gobierno son complementarias a las que ya da el Govern y que este año se acercarán a los 14 millones de euros. Marí afirmó que el Govern estudiará la letra pequeña del decreto aprobado pero, en cualquier caso, consideró que se trata de un bono «muy interesante» para facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos con más problemas, como es el de los jóvenes.

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Podrán recibir las ayudas los jóvenes de entre 18 y 35 años que tengan una renta anual inferior a 23.700 euros anuales. Serán ayudas directas que el Gobierno transferirá a las comunidades autónomas. El conseller recordó que Balears ya presenta una singularidad por su rango de precios de alquiler de forma que pueden recibir ayudas quienes paguen hasta 900 euros al mes por el piso. El bono lo podrán cobrar también quienes compartan piso y paguen hasta 300 euros por una habitación.

El conseller Marí aseguró que el Govern mantendrá reuniones con el Ministerio para cerrar los detalles del bono y para conocer cómo se hará la tramitación de las ayudas. Mientras tanto, el Ejecutivo balear espera que el Gobierno apruebe cuanto antes el nuevo proyecto de ley de vivienda, que establece límites al alquiler en las zonas tensionadas, es decir, en aquellas en las que el precio se haya disparado en los últimos años. El conseller recalcó que el informe del Consejo General del Poder Judicial en contra de esta norma es preceptivo, pero no vinculante por lo que confía en que la norma quede aprobada en dos o tres semanas. Marí aseguró que toda Palma, sus municipios limítrofes, la isla de Eivissa y amplias zonas de Menorca tendrán la consideración de zonas tensionadas en función del aumento de los precios.