Una señal de tráfico rotulada solo en castellano.   

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El Govern ha amenazado al Gobierno de Pedro Sánchez con presentar un recurso por las recientes modificaciones introducidas en la ley de tráfico circulación de vehículos de motor y seguridad viaria. Las discrepancias entre las dos administraciones tienen que ver con la rotulación de las señales de tráfico y, en concreto, con el idioma que debe emplearse para hacer la rotulación. Los cambios introducidos en la ley obligan en su artículo 56 a que las indicaciones escritas que acompañen a los paneles de señalización de las vías públicas figurarán en castellano y en la lengua oficial de la comunidad autónoma «cuando la señal esté ubicada en el ámbito de dicha comunidad».

La petición presentada por el Govern al Gobierno pide que se respete la cooficialidad del catalán de forma que no sea necesario que toda la rotulación esté en los dos idiomas. La Conselleria de Fons Europeus, de quien depende esta materia, pide que, cuando en las indicaciones solo quepa uno de los idiomas, se elija por defecto el catalán y no sea necesario que además se rotule también en castellano. El Govern balear asegura que esta es una forma de preservar la riqueza y la diversidad lingüística de Balears, pero también del resto de comunidades con una lengua propia. La petición es muy precisa: mantener la señalética en catalán cuando solo quepa el contenido uno de los dos idiomas.

Señalética básica

Hasta ahora se podía hacer así, que solo se rotulara en catalán, pero el nuevo texto que se ha aprobado tras la modificación, obliga a señalizar en ambos idiomas. Desde la Conselleria precisan que la medida afecta a la señalética no básica, ya que todas las señalas de tráfico básica tienen una ordenación común en toda España. El Govern espera poder coordinarse con otras comunidades autónomas que se encuentran en la misma situación que Balears para que apoyen los cambios que piden las Islas.

El apunte

Reunión de una comisión bilateral

Las dos administraciones han abierto, de momento, negociaciones para tratar de resolver las discrepancias que ha provocado la ley. Se ha creado lo que se conocer como Comisión Bilateral en la que se espera poder llegar a un acuerdo para no acabar en los tribunales. En cualquier caso, este conflicto entre Govern y Gobierno es novedoso ya que habitualmente es Madrid quien cuestiona la legalidad de las normas de Balears, y no al revés, como es el caso.