Entre los años 2000 y 2020, en las Islas se promovieron 73.827 viviendas de nueva planta y se rehabilitaron otras 11.439. En paralelo, el Ibestat señala que otras 8.552 pisos fueron demolidos. Si se mira la estadística en función de quien promovió esas viviendas, el resultado es que, en más de 20 años, las administraciones solo han puesto en marcha un total de 1.319 nuevos pisos, a los que hay que sumar los que se están realizando desde el Ibavi en estos dos últimos años:ya se han entregado las llaves de 124 pisos y ahora mismo están en construcción otros 613 más. En cualquier caso, la cifra resulta claramente insuficiente si se compara con las viviendas que se han construido desde el sector privado, a una media de unas 3.500 al año en las últimas dos décadas.
El Govern es consciente de estas limitaciones y en los últimos años ha tratado de dar un empujón a la construcción de vivienda pública, que sigue siendo una de las asignaturas pendientes de las administraciones ya que se trata de unos de los principales problemas ciudadanos. La directora general d’Habitatge, Cristina Ballester, asegura que la política de vivienda debe tener continuidad para ser efectiva y explica que se mantuviera durante 15 años los esfuerzos que esta haciendo el Govern en esta legislatura, la cifra de VPO podría llegar a la más de 20.000 viviendas. Cuando el pacto llegó al Govern, en el año 2015, el número de viviendas de propiedad pública era de 1.756 pisos.
La crisis del ladrillo
La crisis del ladrillo de mediados de la década de 2000 tuvo mucho que ver con la desaparición del Govern como actor público de vivienda. La crisis que dejó a las administraciones sin ingresos se notó en las estadísticas. En 2012 se promovieron 48 viviendas y entre esa fecha y 2019 tan solo se construyeron otros 15 pisos. El Govern trata de superar ahora esas carencias con una política de impulso a la construcción de nuevos pisos para destinarlos exclusivamente al alquiler.
También hay otra novedad legislativa importante durante esta legislatura y las VPO que se construyan desde la nueva ley de vivienda solo se podrán revender a la Administración a un precio previamente determinado con el fin de que los propietarios no especulen y para lograr que el parque de vivienda pública no acabe privatizado.
La estadística de construcción de pisos que refleja el Ibestat da una idea muy precisa de la crisis que vivió el sector en la década pasada. Entre 2000 y 2002 se construyeron más de 11.000 viviendas año. La cifra se hundió de manera progresiva hasta el año 2013, en el que solo se construyeron 465 viviendas de nueva planta. Las cifras han ido remontando hasta las 3.146 que se hicieron en 2020.
4 comentarios
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A los jóvenes, lo que había que pedirles es que trabajen mas y con mas ganas, que se espabilen buscando y progresando en sus puestos de trabajo o montándose como autónomos, es decir, comenzar a ser dueños de su futuro. El actual modelo de vivienda pública en España esta podrido y desacreditado porque la mala gestión de la izquierda así lo ha permitido con su pasotismo y no poner orden en los okupas y aprovechados que no pagan ni el alquiler. Que una pareja de jóvenes con sueldos bajos, que hacen el esfuerzo personal y familiar de hipotecarse para una vivienda, tengan que pagar impuestos para unos vividores que trabajan en la economía sumergida ,es una injusticia y una vergüenza.
Pues durante el franquismo, solo en el período 1961-1975 se construyeron 4.080.619 de viviendas de protección oficial, se ve que ahora lo único que hacen es quitar la simbología de lo que se construyó entonces.
No creo que la administración deba ser inmobiliaria,lo que debería hacer es legislar para no tener que serlo.
Uno de los principales ingresos de la administración autonómica son los impuestos derivados de las compra-ventas de inmuebles, ya sean nuevos o de segunda mano. Uno de los principales problemas existentes en Baleares es la vivienda, sobre todo para los jóvenes. Si los impuestos están para redistribuir la riqueza, parece claro que debería haber una gran inversión pública de un dinero que se saca del que puede comprar una vivienda al que no puede acceder a esta. Con solo que se invierta un 25% de lo se ingresa por este concepto en impuestos en 10 años quedaría resuelto el problema de la vivienda en Baleares. Ah! Me parece estupendo que una persona que adquiere una vivienda de protección oficial solo pueda vender está a la administración por un precio estipulado, el cual parece que debería disminuir por el uso de la vivienda o ser de alquiler. Es totalmente injusto que entre todos paguemos viviendas a personas con dificultad para acceder a una para que luego especulen con esta.