'Sadira', como se hace llamar, vive entre Madrid y Mallorca y es muy cercana al círculo del sindicato OTRAS.

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El sindicato de trabajadores sexuales OTRAS, encabezado por Miquel Bibiloni, ha emprendido rondas de contactos con las principales fuerzas políticas autonómicas para incluir sus reclamas en los programas electorales de los próximos comicios. Defienden la despenalización de la prostitución para que los trabajadores sexuales, ahora en situación de alegalidad, puedan regularizar su situación, permitiéndoles acogerse a contratos laborales y acceder a ayudas, subsidios de desempleo y cotizaciones en la Seguridad Social, entre otras cosas. Sadira y Jaume N., dos trabajadores sexuales mallorquines, ejemplifican con su testimonio las dificultades a las que se enfrentan a diario debido a la desamparo legal en el que se encuentran.

Sadira es el nombre que utiliza con los clientes esta calvianera de 28 años. Graduada en Criminología, tiene estudios de posgrado en género y sexualidad. Actualmente estudia un máster en Sexología en Madrid. Trabaja desde hace dos años compartiendo contenido erótico en páginas web y, de vez en cuando, haciendo servicios presenciales. Sadira recrimina que en la conocida como Ley del Solo Sí es Sí se introdujera una enmienda -de talante abolicionista- para prohibir los anuncios sexuales en páginas web: «Al no encontrar clientela que podamos gestionar, nos está empujando a meternos en pisos y clubs, es decir, trabajar para un tercero que te pone la habitación, pero que se lleva un 50 % de tu trabajo». Cercana al entorno del sindicato OTRAS, reclama visibilizar que «las prostitutas somos personas normales» y dotar al colectivo de derechos. De poder firmar un contrato por sus servicios, podría cotizar a la Seguridad Social, optar a una vivienda digna (ahora no puede acreditar que trabaja y que puede hacer frente a los gastos de alquiler) y acceder al tejido de ayudas institucionales.

«La criminalización de la prostitución me hace sentir un ciudadano de segunda»

Jaume N. tiene 32 años, es natural de Palma y, desde hace dos años, es trabajador sexual a tiempo completo. Empezó en 2017, «como casi todos, por necesidades económicas», reconoce. Vivía solo y no contaba con apoyo familiar. El trabajo de camarero no le permitía pagar todas las facturas. A raíz de una propuesta que recibió en redes sociales, se acercó al mundo de la prostitución. «Es más fácil que un chico empiece porque hay menos estigmas. No lo identificamos tanto como algo malo». Afiliado al sindicato OTRAS, reivindica los derechos de los trabajadores sexuales: «La criminalización que sufrimos me hace sentir un ciudadano de segunda, sin derechos y señalado», lamenta. Una despenalización y protección laboral le aseguraría el acceso a prestaciones y a la vivienda. Falto de ello, en pleno confinamiento se vio sin clientes y sin derecho a ayudas. Tuvo que recurrir a la solidaridad de amigos e incluso de clientes: «Los hubo que hasta me dieron comida. Es más de lo que hizo el Estado para ayudarme».