Protesta de los letrados de Justicia en sa Gerreria. | R.L.

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El Colegio de Abogados de Balears (Icaib) ha instado al Comité de huelga y al Ministerio de Justicia a retomar las negociaciones «de forma inmediata» para buscar una solución que ponga fin al conflicto, ante los «graves efectos» que está provocando el paro indefinido de los letrados de la Administración de Justicia. En un comunicado emitido este martes, se invita a ambas partes a explorar «todos los posibles canales de comunicación y a reanudar las negociaciones con la mayor celeridad, a fin de acercar posturas que permitan llegar a un acuerdo y acabar con un conflicto que este martes inicia su quinta semana».

En este sentido, el decano del Icaib, Martín Aleñar, ha expresado su «máximo respeto» por el derecho fundamental de la huelga, aunque ha puesto de manifiesto «la profunda preocupación» de la abogacía por las «gravísimas consecuencias que, tanto entre los operadores jurídicos, como, sobre todo, en la ciudadanía, está provocando un conflicto que ya ha paralizado miles de juicios y de actos procesales en todo el país y que mantiene bloqueados buena parte de los pagos y las transferencias procedentes de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales».

«Ello, sin olvidar la pérdida de tiempo y los contratiempos que supone para operadores jurídicos y ciudadanos desplazarse a los juzgados y tribunales y, una vez allí, ser informados de que el acto judicial concreto ha sido suspendido», ha lamentado. Por todos estos motivos, Aleñar ha reiterado su llamamiento a las partes para que retomen «de forma inmediata» las negociaciones y les insta a mantener, «si hace falta de forma ininterrumpida», un diálogo «constructivo y efectivo» con el que poner fin a la huelga.

Por último, ha pedido a los letrados de la Administración de Justicia que sigan la recomendación del Comité de huelga, en el sentido de que «dadas las circunstancias de la huelga indefinida» y «los perjuicios causados a los ciudadanos y demás operadores jurídicos», expidan los mandamientos de pago relativos a las pensiones de alimentos de menores de edad, así como que, «en la medida de lo posible», avisen «de las previsibles suspensiones a los profesionales con el fin de evitar desplazamientos innecesarios».