El president del Parlament, en la extraordinaria biblioteca de la Cámara balear. | Pere Bota

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Ha sido el president del Parlament en plena pandemia, lo que ha obligado a innovar en materia parlamentaria. Vicenç Thomàs reflexiona sobre la utilidad del Parlament y sobre la plasmación del Estatut d’Autonomia –del que ahora se cumplen 40 años– en la vida real de los ciudadanos. ¿Su opinión? Ha llegado el momento de debatir otra reforma.

¿Usted se acuerda de cuándo se aprobó el Estatut? ¿Tuvo la percepción de que era un hecho histórico?

—He vivido la transición, porque entré en política en 1975, y creo que quien no ha vivido la transición no entiende lo que fue. Sin duda que fue algo muy positivo: supuso una Constitución, abrió un espacio de diálogo y a la vez de renuncias muy importantes por parte de partidos muy diversos. Eso nos tendría que servir para entender el momento, porque de esa Constitución emana el Estatut d’Autonomia. He visto la película ‘Modelo 77’ y me ha recordado que pedíamos ‘Libertad, amnistía y Estatut d’Autonomia’. Hay que recordarlo más, también aquí, donde hubo una gran manifestación en el año 1978.

¿Participo en esa manifestación?

—No, estaba en Barcelona. Sí creo que un paso adelante: hay un reconocimiento histórico de la lengua y la cultura propias, pero además se crean unas instituciones, como el Parlamernt y el Govern, que nos permite tomar decisiones desde la proximidad.

¿Eso es importante?

—Y tanto. Yo vengo del mundo de la salud y no tiene nada que ver lo que pasaba el 31 de diciembre de 2001 y lo que empezó a pasar el 1 de enero de 2002: llegaron las competencias de sanidad y esa capacidad de decisión ha permitido tomar acuerdos esenciales para el bienestar de los ciudadanos desde aquí. Servicios sociales, sanidad, educación han sido elementos claves en la pandemia; nos han permitido salir de ella y nos han hecho aguantar como sociedad y todo lo hemos decidido desde aquí.

¿Qué otros elementos esenciales destacaría?

—Es esencial porque plasma qué es el estado de bienestar. En la reforma de 2007 se incluyeron una serie de derechos estatutarios y ahora hay que conseguir que sean realidad para los ciudadanos.

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Vicenç Thomàs, en el salón de plenos del Parlament.

Hay un primer Estatut que se fraguó en situaciones complicadas y seguramente no recogió las ansias que después se desplegaron en 2007 con mucha más eficacia. ¿Y ahora, qué?

—El Estatut es bueno porque ha servido; ha permitido auxiliar a los ciudadanos con ayudas como las aprobadas por la subida de la inflación o por la guerra de Ucrania. Toca hacer un debate sobre si es necesario cambiar el Estatut. Hay artículos redactados hace años y le pondré un ejemplo: se habla de medio ambiente con generalidades, pero creo que hoy nadie entendería un artículo en el que no salga el cambio climático, los residuos o la gestión de los recursos hídricos.

¿Hay que cambiarlo, entonces?

—Con la realidad que estamos viviendo ahora, seguramente artículos como el de la vivienda habría que cambiarlos. Hay que crear mecanismos para que los derechos que recoge el Estatut se cumplan. Si se mira cómo se actuó con la crisis de 2011 y cómo se ha hecho ahora, la práctica política es diferente. Hay que reformular algunos derechos, introducir otros y, sobre todo, garantizar que los derechos son realidad y los cumplen los poderes públicos.

Pero aún hay cuestiones del actual que no se han desarrollado

—Sí, hay cuestiones pendientes como Justicia, policía autonómica o gestión del litoral, algo que se planteó en un reciente debate, pero también habría que abordar si el Estatut recoge nuestras necesidades de financiación o el concepto de insularidad.

En cualquier caso, esta legislatura hemos visto como al Gobierno le cuesta soltar el poder. Ha planteado numerosos conflictos de competencias.

—Porque hay un ámbito difuso sobre competencias. Si se hace esa utópica reforma de la Constitución, deberían definirse claramente las competencias del Estado para que no haya esas situaciones de frontera y también deberían definir los conceptos colaboración, cooperación y lealtad institucional.

¿Supongo que la COVID ha condicionado toda la legislatura?

—Si, es una pandemia global, con un confinamiento muy duro y con muchos problemas en un sistema basado en el turismo. También fue duro en el Parlament, que es presencialidad por definición, pero con el problema de que estamos en una islas. Y pese a ello y a que somos ocho grupos parlamentarios, hemos sido capaces de aprobar acuerdos por unanimidad que nos han permitido funcionar.

Todas las legislaturas tienen su ley de referencia, ¿cuál cree que será la de esta?

—Volvemos a la COVID: ha marcado toda la legislatura y ha obligado a recurrir a la figura del decreto ley y además, hay una cosa que no se suele mencionar, pero se han aprobado cuatro presupuestos.

Eso es lo que hay que hacer

—Pero no todo el mundo lo logra. Es importante haberlos aprobado en estas circunstancias y en un gobierno de coalición. Yo creo que hay leyes que marcan la diferencia: la ley de educación o la de gestión de los fondos europeos, además de la ley de turismo que incluye conceptos de sostenibilidad, congelación de plazas o aspectos del ámbito laboral. Y otra importante es la Ley de Consells, que se adapta al nuevo Estatut y les da más poder. También destaco la Ley de Ciencia: hay que abrir otros nichos que no sean turísticos y esa ley va en la línea.

Ha sido fácil gestionar esta legislatura con ocho grupos parlamentarios

—Los ciudadanos han querido que haya ocho grupos parlamentarios y el papel del president, en muchas ocasiones, necesita cocina, hablar, diálogo, capacidad de negociación y de consenso, desde la representatividad que los ciudadanos han dado a cada grupo.