«De cara al futuro es importante incorporar derechos que hace 40 años no estaban tan presentes, como vivienda, igualdad o salud pública», reclama Pilar Costa (PSIB), y pide seguir avanzando con las competencias pendientes, como Justicia.
«El Estatut requiere una reforma de calado; la ponemos en valor porque nos ha aportado avances, pero tiene un marco que limita la soberanía balear», dice Josep Ferrà (Més per Mallorca). «Se deben de reconocer nuevas cuestiones, como la climática o la del derecho de la vivienda», destaca, e insiste en desarrollar la policía autonómica prevista en la norma. Josep Castells (Més per Menorca) cree que el actual reglamento no da respuesta a la voluntad de autogobierno insular: «El poder importante tendría que ser el de cada isla». También critica la falta de concreción sobre el régimen especial, que no se diferencia de un estatuto peninsular. «Se tendría que cambiar para incluir competencias como vivienda y poder así limitar el precio del alquiler y la compra a extranjeros no residentes en las Islas», considera Esperança Sans (Unidas Podemos). También ve necesario «blindar» la coficialidad del catalán y que el Consell de Mallorca adquiera la competencia de movilidad para impulsar la red ferroviaria.
El portavoz del PI, Josep Melià, defiende que el Estatut permitió «recuperar el autogobierno tras los Decretos de Nueva Planta, así como contribuir al estado de bienestar». Sin embargo, lamenta que pasen los años y no se adquieran las competencias previstas en la norma. Ve poco viable una modificación, pero aspira a que un día se consiga un concierto económico como el basco o el navarro. «El centroderecha impulsó el estatuto del 83 y apoyó la modificación de 2007; da amplias posibilidades y estamos cómodos», confiesa Antoni Costa (PP). Aun así, dice que «se tiene que avanzar en el sistema de financiación de la comunidad y la autonomía tributaria».
Juan Manuel Gómez (Ciudadanos) apuesta por una reforma que limite a dos mandatos la presidencia del Govern; que el catalán y el castellano sean idiomas oficiales y que ciertas competencias educativas y sanitarias las vuelva a gestionar el Estado. «El estatuto, lejos de aportar beneficios, se ha usado para imponer una cultura ajena a la de nuestra región», sostiene Idoia Ribas (Vox).
El apunte
La supresión de los aforamientos, última reforma
