Emilia y sus dos hijos, en el salón de la vivienda donde ahora residen. | Alejandro Sepúlveda

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El negocio de las okupaciones no tiene contemplaciones. Emilia Vargas y sus dos hijos, que tienen parálisis cerebral, lo saben muy bien. Los tres perdieron la casa donde residían desde hace 26 años. Una planta baja que les cedió el Institut Balear de l’Habitatge después de varios años de espera. La irrupción de una mafia okupa en la vivienda los dejó en la calle y más de cuatro años después siguen sin poder volver: «Mis hijos necesitan tener una casa digna, esto es imperdonable», asegura.
Todo empezó durante un viaje, por motivos médicos, a Barcelona: «La niña está más delicada que el niño ya que le dan ataques de epilepsia. Por eso tuvimos que ir a ver un médico fuera. En esos días okuparon la casa», relata Emilia. Las vecinas y un asistente social del IBAVI, el encargado de este caso, le alertaron.

Lejos de tener algún tipo de compasión por la situación de Emilia y sus dos hijos, las personas que habían okupado la vivienda presionaron a esta mujer para que retirara la denuncia interpuesta: «Al llegar a Palma puse una denuncia y enseguida me empezaron a llegar amenazas de las personas que habían okupado la casa. Cogí miedo y la quité».

Confinamiento

Después de la okupación una amiga de la familia les acogió en su casa, donde residen desde entonces. Se trata de un primer piso que no cuenta con ascensor. Un factor que dificulta mucho el día a día de sus dos hijos: «Estamos como confinados. Casi no van al médico y no van a rehabilitación. Yo tengo depresión. No podemos estar más tiempo en casa de mi amiga. ¿A dónde me voy? ¿Debajo de un puente?».

Emilia se muestra realmente decepcionado con la reacción del IBAVI tras lo sucedido y recuerda con mucha angustia algunas de las reuniones: «Después de sufrir las primeras amenazas contacté con ellos. Me dijeron que no me preocupara y que harían todo lo posible. En una reunión me dio un ataque de ansiedad. No veía nada claro ni positivo, ninguna salida. Me dijeron que ponían a un abogado al cargo del tema. Nos habíamos quedado en la calle».

Esta afectada muestra las denuncias que finalmente tuvo que retirar.

Con el paso del tiempo esta madre cuenta que lo único que le ha quedado es «ir insistiendo y llamando al asistente social» para ver como está el tema. Dice que lo hace con frustración y dando por hecho que no hay ningún avance. «Ya no es por mí, es por mis dos niños que no se pueden valer por si mismos. Necesitan salir a la calle, volver a rehabilitación de forma habitual, tener algo de libertad, de ocio. Ellos lo entienden todo y lo necesitan. Desde que nos pasó esto ellos están cada vez peor», dice.

Aunque cuenta que en alguna ocasión le han llegado a recomendar que aproveche una ausencia de los actuales moradores para recuperar la casa que les cedió el IBAVI, ella asegura que no quiere buscar más problemas: «Me han dicho que fuera con un cerrajero a la casa cuando ellos no estuvieran y que cambiemos la cerradura. Es algo que puede buscarme problemas y que no me he planteado. No quiero follones».