La Red para la Inclusión Social (EAPN-Balears) y todos los grupos parlamentarios han firmado este martes, en el Parlament, el Acuerdo para hacer efectivo el derecho a la vivienda. | PARLAMENT BALEAR

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La Red para la Inclusión Social (EAPN-Baleares) y todos los grupos políticos han firmado este martes, en el Parlament, el Acuerdo para hacer efectivo el derecho a la vivienda, impulsado por la propia Red para la Inclusión Social, para establecer unas bases consensuadas sobre esta «grave problemática» y adoptar medidas «efectivas» para hacerle frente.

El documento, que ha sido elaborado en el seno del Pacto por la Inclusión social, destaca que la vivienda es uno de los «grandes retos» que se tienen que afrontar como sociedad y una problemática «alimentada por cuestiones estructurales --déficit histórico en políticas públicas, fragilidad del mercado de trabajo...-- y coyunturales --inflación, precios de los materiales...--». Además, añade el texto es uno de los «determinantes sociales más importantes para explicar los procesos de exclusión y situaciones de pobreza». Dicho de otro modo, precisa, «sin una vivienda se no puede desarrollar su proyecto vital».

El acuerdo deja claro que «el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible es un derecho de toda la ciudadanía», y las partes firmantes se han comprometido a trabajar para lograr el máximo consenso en la elaboración del diagnóstico, el diseño de políticas y la aplicación de medidas orientadas a hacerlo efectivo, dando prioridad a la función social de la vivienda. Partiendo de esta consideración de la vivienda como un derecho, de la priorización de su función social y de la responsabilidad de la administración para garantizar el acceso, el acuerdo marca diez líneas estratégicas de trabajo que, desde la búsqueda del consenso que necesitan las políticas de largo recorrido, tienen que servir para abordar la problemática. Estas líneas van desde la redacción de un plan estratégico al fomento del parque público destinado al alquiler y alquiler social, pasando por el impulso a la rehabilitación y la colaboración pública-privada, tanto con empresas como con entidades del tercer sector.

Por último, la Red para la Inclusión Social y todos los grupos parlamentarios han querido poner en valor «el espíritu de consenso» que ha posibilitado este acuerdo, y también el trabajo que llevan a cabo para afrontar este reto, reivindicando el despliegue de todas las medidas necesarias para conseguir que el «ambicioso pero necesario objetivo de hacer efectivo el derecho a la vivienda sea una realidad».