Una inmobiliaria frente al Parlament Balear. | A.G.

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El sector inmobiliario de Baleares aguarda expectante la formación de un nuevo Govern que debería responder a las peticiones que en la última legislatura han estado repitiendo como una letanía. Bastará, indican, con que la (probablemente) futura presidenta, Marga Prohens, cumpla con la mitad de lo que prometía el programa del PP, coincidente en buena medida en su receta para facilitar el acceso a la vivienda.

De salida: simplificación administrativa, política de incentivos, desclasificación de suelo urbanizable, relajación de las restricciones sobre la tipología de vivienda convertible o edificable y mano dura contra los okupas. De paso, el sector ve como la Ley de Vivienda estatal que tanto había criticado -aprobada por el Gobierno in extremis- queda en suspenso y con muchos visos de acabar en papel mojado con el nuevo mapa político.

«La filosofía entera de la nueva ley puede quedar en nada», señala Luis Martín, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios (PROINBA) para recalcar que «si el PP cumple con el 60 % de lo que llevaba en el programa ya será positivo». Así, insiste en la necesidad de adelgazar una «multilegislación» que dilata demasiado los tiempos y «aprovechar el poco suelo que tenemos: no tenemos que tirarnos de los pelos por ampliar los terrenos urbanizables si eso se adapta a las necesidades». «Lo que no podemos hacer es no hacer nada», zanja.

Con todo, señala que lo ideal «sería llegar a un pacto político a largo plazo» que no se dinamitara si en cuatro años hubiera un nuevo cambio en las instituciones públicas.

La Ley de Vivienda deja en manos de las autonomías la aplicación de medidas como el tope al precio de los alquileres en zonas tensionadas, algo que Prohens ya anunció que no iba a aplicar. Otras medidas, como el plazo de dos años para la ejecución del desahucio de okupas o inquilinos morosos, de aplicación obligada, quedan a expensa del futuro de la nueva ley si se produce un cambio de gobierno también a nivel estatal tras las elecciones del 23 de julio.

«No creo que esta ley acabe el año», señala el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios (API), José Miguel Artieda. Sobre los ganadores de las elecciones, señala que no solo espera que cumplan con lo prometido, sino que además lo hagan «de manera relativamente inmediata». Además, «no basta con deshacer lo que se ha hecho mal hasta ahora, hay que activar nuevas medidas».
Así, Artieda defiende que «hay que desactivar el Plan de Ordenación Territorial, cambiar la tipología de vivienda para sacar más oferta al mercado y dar más seguridad».

Luis Alfonso de León, presidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca (COAAT), confía en que las nuevas administraciones procuren «una mayor agilidad administrativa» para el sector. Asimismo, aboga por abrir las posibilidades para el cambio de uso de los locales a vivienda y ampliar el suelo residencial.

En un encuentro anterior con el PP, explica, los aparejadores les trasladaron varias propuestas de cuño propio, como el plan rústiques per a joves: construir viviendas en suelo rústico de hasta 150 metros cuadrados para jóvenes menores de 35 años y el compromiso de no venderla en diez años. «Egoístamente lo que queremos todos es facilitar el acceso a la vivienda para nuestros hijos. Hay que ampliar el abanico de posibilidades».

Desde la Asociación de Constructores de Baleares, su gerente, Sandra Verger, señala que «es imprescindible una estrecha colaboración público-privada: las políticas de territorio, urbanismo y vivienda deben ir de la mano, de lo contrario nunca podrá conseguirse vivienda asequible y de calidad».

Asimismo, coincide con otras voces del sector al reclamar «un pacto de todos los partidos para desarrollar un plan de vivienda a 20 años».También reivindica seguir avanzando en la modernización de las infraestructuras, «esenciales para el crecimiento económico y el bienestar social».

Por último, desde la Asociación de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (ABINI) se ha pedido que se gobierne y legisle contando con la opinión del sector «Queríamos poner nuestro granito de arena contra el problema de la vivienda, pero siempre teníamos la misma sensación de no ser escuchados», señala su presidente, Hans Lenz, quien coincide al pedir un pacto a 20 años «para evitar vaivenes políticos», buscar nuevos modelos de vivienda o crecer en altura para no consumir territorio.

Los programas de la derecha

El programa del PP balear recoge muchas de las propuestas del sector para atajar la emergencia habitacional, entre ellas simplificación administrativa; reformulación de índices de densidad; reconversión de locales y viviendas; ayudas al alquiler y a la compra de la primera vivienda; deducciones para propietarios y arrendatarios y un plan contra la okupación. Vox, que concurría con el mismo programa en todas las comunidades, destaca en su apartado de vivienda liberación de suelo; construcción de más VPO; rebaja masiva de tributos y persecución de la okupación.