Imagen de los dirigentes de la Asociación de Constructores de Balears en su asamblea de abril. De izquierda a derecha, Bernat Llull, Sandra Verger, Fanny Alba y Climent Olives, recién elegido nuevo presidente. | Jaume Morey

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El decreto ley de medidas urgentes para la vivienda no está teniendo el seguimiento que debería, según el sector de la construcción. Los promotores ya pusieron el grito en el cielo a principios de año acusando a los ayuntamientos de bloquear el documento; seis meses después, son los constructores los que critican a los municipios por no facilitar el despliegue de las medidas contempladas a fin de sacar vivienda asequible al mercado.

El llamado Decreto de Emergencia, que introdujo un primer paquete de medidas a finales del año pasado, se convirtió en ley en mayo tras pasar los trámites parlamentarios. La situación poco ha cambiado, denuncian los constructores, que ven como algunas de las medidas más asequibles previstas en el texto como la reconversión de locales u oficinas en viviendas «están teniendo muy poca repercusión».

La reconversión de locales es, a su juicio, la más factible de esas medidas, pero tampoco ha obtenido gran seguimiento la fragmentación de viviendas o el crecimiento en altura. La gerente de la Asociación de Constructores de Baleares, Sandra Verger, reivindica que «son medidas que no consumen territorio y es importante que los ayuntamientos apuesten por ellas, pero no lo están haciendo». Así, explica que para cambiar el uso de un local a vivienda algunos municipios imponen como requisito que lleve diez años cerrado. «Y hablamos muchas veces de municipios pequeños ¿Tener que esperar diez años? Es abusivo, no tiene sentido». Se trata, insiste, de salidas previstas en la ley y «muy preferibles a construir en rústico».

 Otro requisito es la obligatoriedad de crear una plaza de aparcamiento para la vivienda. «Eso es inviable en muchos casos, son cosas sin sentido que no favorecen la generación de nueva vivienda y hay muchos casals cerrados que no se rehabilitan por estas cosas. O la intencionalidad del decreto no se ha trasladado bien o los técnicos municipales no lo han entendido».

Según datos de la Conselleria d’Habitatge, de los 67 municipios de Baleares, solo 23 han regulado la reconversión de locales. Un total de 29 no se han pronunciado al respecto y otros diez han suspendido temporalmente la aplicación hasta adoptar una decisión definitiva. En cinco municipios se ha acordado no aplicarla. La Conselleria tiene constancia de 40 proyectos para hacer viviendas de precio limitado (VPL) en locales, aunque podría haber más. «Nos parece poquísimo», lamenta Verger.

Desde el Govern se apunta que los ayuntamientos, tras la aprobación de la ley en mayo, disponen hasta el 10 de agosto para adoptar un posicionamiento definitivo, por lo que consideran normal que estén tomándose su tiempo para estudiar bien el texto y las implicaciones de aplicar estas medidas.

Una lectura similar es la expresada por el presidente de la Federación de Entidades Locales de Baleares (FELIB), Jaume Ferriol. «Una mayoría está por aprobar la medida si consideramos que el no dar una contestación implica eso mismo; los constructores pueden estar contentos», señala para explicar que «es normal» que los consistorios se tomen su tiempo. Añade que la fragmentación también tendrá un seguimiento importante, al contrario que el crecimiento en altura, medida que «debe tener una incidencia mínima en pueblos pequeños y limitarse a Palma, Inca, Manacor o Llucmajor».

Viviendas ya planificadas

A fin de dimensionar correctamente el alcance de la ley, el Govern recuerda que ya hay planificadas más de 4.600 viviendas a precios asequibles para residentes, la mayoría de ellas viviendas de protección oficial (VPO).

Este paquete de viviendas incluye las derivadas del programa Construir para alquiler (Build to rent): unas 4.000 viviendas según la información facilitada por una docena de ayuntamientos. Se trata de proyectos de nuevas promociones en suelo público gracias al cambio de uso previsto en el decreto para aprovechar terrenos destinados inicialmente a equipamientos y que ahora podrán acoger VPO o la nueva figura de viviendas de precio limitado (VPL).

Por parte del IBAVI, por otro lado, se están tramitando promociones de vivienda pública de alquiler que suman más de 600 unidades habitacionales.