El pasado octubre, el Govern y el comité de expertos se reunieron por primera vez y éstos pidieron a la presidenta, Marga Prohens, una aceleración en las medidas contra el cambio climático. | CAIB - R.L.

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Pese al aplazamiento de la aprobación del proyecto de ley de simplificación administrativa, tanto el Comitè d’Experts per a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic de les Illes Balears como el GOB se han pronunciado muy críticamente contra el documento normativo.

Para el grupo ecologista, el texto inicialmente redactado «incluye preocupantes retrocesos ambientales, como dar facilidades de reforma a los edificios fuera de ordenación o dejar prescribir las infracciones urbanísticas. También relaja la obligación de cambiar los coches de alquiler por modelos menos contaminantes y la cobertura de los aparcamientos con placas solares, y retrasa la prohibición de plásticos de un solo uso».

Para el GOB, «no sólo no hay que permitir nuevas edificaciones en zonas inundables, sino que hay que paralizar la legalización indiscriminada de casas y usos ilegales en suelo rústico que también se encuentran en áreas anegables y con otros riesgos».

Finalmente, los ecologistas destacan que «el Govern quiere revisar la delimitación de unas zonas inundables que ya están descritas con la intención de reducirlas donde haya intereses. Todas estas medidas son un golpe a la línea de flotación del Pacte per la Sostenibilitat que el propio Govern ha promovido».

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Muchas de estas ideas del GOB son compartidas por el Comitè d’Experts per al Canvi Climàtic, que denuncia la supresión de exigencias de reservas de suelo para energías renovables, así como de coberturas de autoconsumo en nuevas edificaciones o en cambios de uso en rústico.

Los expertos se refieren igualmente a unos llamados «planes de descarbonización que sustituyen a las obligaciones de renovación de vehículos de alquiler, que incluían que en 2035 todos los coches nuevos adquiridos por estas empresas fuesen eléctricos. También se retrasa la prohibición de entrada de vehículos diésel en 2025 y se remite a la normativa estatal, que fija el plazo en 2035».

Al igual que el GOB, el comité exige «impedir la construcción en zonas de riesgo» y critica «el vaciado de contenido de la Llei de Benestar per a les Generacions Presents i Futures, y la supresión de la Comissió Balear de Medi Ambient».

Los expertos recuerdan algunas medidas aprobadas en Canarias, entre ellas la obligación de cubrir con placas solares el 100 % de las cubiertas de edificios nuevos, reformados o rehabilitados.

El GOB y el comité de expertos coinciden en denunciar que el Govern todavía no ha convocado el Consell Balear del Clima, cuando está obligado a ello por la Llei de Canvi Climàtic.