Un decreto turístico al gusto de Vox anticipa más acuerdos y da aire a la legislatura

El decreto se presentó a tres voces. Primero informaron de su aprobación el vicepresidente y conseller d’Economia, Antoni Costa, y el conseller de Turisme, Jaume Bauzá. Eso fue en el Consolat de Mar, al dar cuenta de su aprobación. A continuación, Bauzá se encaminó a la Conselleria de Turisme donde compareció ante los medios informativos junto a Manuela Cañadas. Esta comparecencia conjunta fue una de las exigencias de Vox, que también ha decidido el nombre, sin referencias a la contención y a la sostenibilidad, y logrado que entre las medidas no se contemple el incremento del impuesto turístico o ecotasa.

El acuerdo sobre decreto, que prohíbe la creación en todas las islas de nuevas plazas turísticas en viviendas situadas en edificios plurifamiliares se permite el intercambio de plazas turísticas entre particulares, pero sin posibilidad de aumento de la oferta total -y de cuyas líneas generales se informa en la página siguiente-, precisa de su convalidación parlamentaria (está garantizada) y «abre otras puertas», según precisó Antoni Costa en referencia al resto de cuestiones en disputa. Incluso aventuró que la aprobación de los Presupuestos está «más próxima que hace un mes».

Vivienda y presupuestos

La próxima cita que pondrá a prueba la solidez de este acuerdo llega el martes en el Parlament: la convalidación o no del decreto que liberaliza suelo para construir viviendas en Palma. A este asunto se refirieron tanto el vicepresidente del Ejecutivo como la portavoz de Vox.

Costa insistió en la expresión con la que se refiere habitualmente cuando hace referencia al resultado de las negociaciones: «Partido a partido» pero deslizó que «hoy es un día muy importante, se ha abierto una puerta» y que si antes «la situación con Vox era complicada, la realidad ha cambiado». Aunque indicó que de aquí al mates se seguirá negociando y que la «discreción» es imprescindible.

Manuela Cañadas -en un intercambio de elogios con el conseller Bauzá- fue un paso más y afirmó sobre el decreto de vivienda: «Si todo se hace como en esta Conselleria [la de Turisme] las cosas irán bien y es posible que el martes alcancemos un acuerdo in extremis».

«Este decreto no existiría sin Vox», dijo para resaltar que «al recoger nuestras aportaciones, frena los delirios de la izquierda y del nacionalismo turismofóbico». Para Cañadas, el cambio de nombre del decreto no es algo menor, aunque -según había indicado antes el conseller Bauzá- «no es un asunto de calado» ya que lo importante es el contenido. En lo que sí incidió el titular de la Conselleria es en que Vox había sido desde el primer momento el partido «más predispuesto» y que el Govern siempre ha tenido muy claro que el turismo «no es el problema sino la solución» y que por eso no hay referencias al decrecimiento, «salvo en el de la oferta ilegal».

Las últimas palabras de Bauzá también apuntaron a la posibilidad de desbloquear las cuestiones que motivaron las discrepancias entre PP y Vox. «Si la primera y la tercera fuerza política de Balears siguieran en esta línea, se solucionarían muchas cosas». Tanto Bauzá como Costa negaron en todo momento que el decreto facilite la creación de nuevas plazas como indica la izquierda.

Las medidas principales del nuevo decreto son:

- Prohibición de nuevas plazas en viviendas plurifamiliares

Se prohíbe de forma generalizada en todas las islas la creación de nuevas plazas turísticas en viviendas situadas en edificios plurifamiliares.

Para renovar las licencias existentes en este tipo de viviendas, se endurecen los requisitos de calidad a través del desarrollo reglamentario.

- Intercambio de plazas sin crecimiento y bolsa transitoria

Se permite de nuevo el intercambio de plazas turísticas entre particulares, pero sin posibilidad de aumento de la oferta total.

Se habilita el cambio de uso de establecimientos turísticos a vivienda residencial.

Se crea una bolsa vacía y transitoria para gestionar las bajas de plazas y mantener el control de la capacidad de carga, evitando el decrecimiento abrupto.

Las moratorias seguirán activas hasta que los consells insulars definan los techos de plazas y los criterios de capacidad.

- Aumento de sanciones contra la oferta ilegal

Se refuerza la lucha contra el alquiler turístico no regulado.

Las plataformas online estarán obligadas a exigir el número de registro turístico para permitir la comercialización, compartiendo responsabilidad con los propietarios.

Aumento generalizado del 25 % en las sanciones:
- Muy graves: de 50.001 a 500.000 euros (antes 40.001 – 400.000).
- Graves: de 5.001 a 50.000 euros (antes 4.001 – 40.000).
- Leves: hasta 5.000 euros (antes hasta 4.000).

Los propietarios sancionados podrán acogerse a rebajas de hasta el 80 % si destinan la vivienda al alquiler social o de precio limitado. El beneficiario de las rentas del alquiler será la comunidad autónoma.

- Nuevas zonas saturadas y reconversión de la oferta

Se habilita a los consells insulars a declarar zonas turísticas saturadas y de reconversión, previa presentación de un plan estratégico.

Los establecimientos situados en estas zonas podrán acogerse a un régimen extraordinario de modernización.

Se permitirá aumentar la superficie edificada hasta un 10 %, pero sin crecer en altura ni plazas.

Las zonas declaradas tendrán prioridad en la asignación de ayudas públicas.

Será obligatoria su integración en procesos de certificación de calidad turística.