USURPACIÓN

Baleares es la segunda comunidad con la tasa más alta de okupas en sus viviendas

Las denuncias por usurpación de inmuebles crecieron un 26 por ciento el año pasado y se colocaron en un máximo histórico de 512 en las Islas, a la vez que aumentaron los casos resueltos

El aumento de las denuncias penales está acompañado por el de la resolución de los casos. En la imagen, un grupo de okupas, desalojados de un hotel. | Foto: M. À. Cañellas - M.A. CAÑELLAS

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La okupación de viviendas creció un 26 por ciento en Baleares el año pasado. Las Islas se colocan como la segunda autonomía en la que, en proporción a su población, con más hechos de este tipo se denuncian ante la Policía Nacional y la Guardia Civil. Según los datos del Ministerio del Interior, por cada 100.000 habitantes de las Islas se produjeron 44 usurpaciones de inmuebles. Solo es mayor la cifra en Catalunya, donde esa tasa está disparada y supera los 90. Todas las demás autonomías se colocan en cifras mucho más modestas: la tercera, la Comunitat Valenciana no llega a 35 y la cuarta; Murcia, en 31. En Galicia no llegan a nueve y en Asturias tampoco a diez.

En total, en 2024 se produjeron 514 denuncias en las Islas por okupaciones, lo que incluye, en las cifras del Ministerio tanto delitos de usurpación como allanamientos de morada. Es la cifra más alta en catorce años, desde que se elabora esta estadística y la segunda ocasión en la que se supera el medio millar. La otra fue 2021, aunque entonces, los datos estaban hinchados de alguna manera porque ese mismo ejercicio, el Ibavi presentó un centenar de denuncias de una tacada por inmuebles de su propiedad que, en muchos casos llevaban años con presencia de extraños. En cualquier caso, la tendencia año a año es ascendente y, desde 2010 se han multiplicado por diez las denuncias. Hace una década fueron 239 y, en 2019, antes del COVID, no llegaban a 300.

Los datos de las Fuerzas de Seguridad muestran que los hechos denunciados que han resultado esclarecidos también crecen y que lo hacen más que las denuncias. En 2024 se resolvieron 345 que llevaron a la imputación de más de 203 personas. Un año antes habían sido 232 del total de 407 denunciados. Eso implica que el porcentaje de los que se ha resuelto ha crecido en diez puntos; de un 57 por ciento a un 67. Los posibles autores investigados casi se han doblado.

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Las estadísticas del Ministerio, sin embargo, no dan una fotografía cien por cien exacta del fenómeno. No es la única vía para intentar recuperar la posesión de un inmueble ni todos los propietarios optan por ella. El Consejo General del Poder Judicial recoge el número de demandas que se han presentado para acogerse al procedimiento especial civil, los verbales posesorios por ocupación ilegal de vivienda. Ahí la cifra apenas cambió el año pasado. Se registraron 107 frente a 118 el año anterior. En referencia a la población, en ningún otro territorio se presentan tantos procesos de este tipo como en Balears. Sin embargo, esta vía civil está vedada a propietarios como bancos o empresas, blancos más habituales de determinado tipo de ocupaciones que los ciudadanos que sí pueden acceder a él. Tampoco quedan reflejados los casos que no llegan siquiera a entrar en ningún circuito legal porque los propietarios negocian, ya sea de forma directa o a través de empresas, con los usurpadores del inmueble.

El abogado Javier Morente, vicepresidente de la Asociación pro Derecho a la Propiedad Privada Inmobiliaria de Balears, lobby antiokupa, explica que la vía penal para actuar «se percibe» como más efectiva: «Además de más ágil es más contundente, en la medida en que se pueden adoptar medidas cautelares de expulsión que son más efectivas». Esa posibilidad, la de acordar la expulsión de forma inmediata es cada vez más frecuente en varios juzgados de Instrucción de Palma en casos palmarios. La otra gran modificación legal, que entró en vigor el pasado tres de abril con la Ley de Eficiencia es la posibilidad de celebrar juicios rápidos en torno a los delitos de usurpación, lo que agilizaría a priori la respuesta. «Todavía es pronto para ver qué efectos puede tener, pero sí que agilizaría la tramitación», señala Morente.

La asociación percibe que, de forma indistinta se dan dos tipos de situaciones: casos en los que quien accede a una vivienda vacía es alguien para habitar en ella por necesidad y casos en los que quien lo hace es un grupo organizado, que o bien pretende extorsionar al propietario o cederla a alguien. «Hay grupos organizados que son los que entran a familias en las viviendas», señala.