EDUCACIÓN

Pacto PP-Vox: La mayoría de cambios educativos ya se aplican o tendrán un efecto limitado

Sí es una novedad la rebaja de la nota para obtener el B2 y el C1 en Secundaria y dar el título a alumnos que estudien un año fuera   

Una de las aulas del CEIP Miquel Porcel de Palma en una imagen de recurso.  | Foto: M. À. Cañellas

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La mayoría de los once puntos del acuerdo entre PP y Vox referidos a la enseñanza en Baleares ya se aplican o tendrán un impacto práctico limitado. Aun así, sí que hay aspectos de trascendencia, como el hecho de que se rebajará la nota necesaria al acabar ESO y Bachillerato para obtener el B2 y el C1 a la nota requerida por los criterios del marco europeo de lenguas. Lo mismo ocurre con el hecho de que se garantizará la obtención del título de catalán entre los alumnos que cursen un año académico fuera de España siempre que no sea el último curso de la respectiva etapa educativa que cursen.

Al margen de estos dos puntos mencionados, otros cinco se enfocan en tratar de potenciar el plan de elección de lengua, que ha sido un fracaso porque solamente 11 centros, todos concertados, están adheridos en estos momentos en el conjunto de Baleares. Ninguno de los acuerdos obligan, de manera que sigue siendo opcional para ajustarse a la normativa lingüística vigente, que no se toca. Aun así, Vox ha forzado al PP para que se involucre más en promocionar el plan de lengua. En un punto, de hecho, se habla precisamente de «fomentar la adhesión de al menos un centro en todas las comarcas de las Islas antes de acabar la legislatura».

También han acordado insistir en que las familias puedan acogerse al derecho de elección de primera lengua de enseñanza, recogido por la ley desde 1986, aunque en la práctica apenas nadie lo solicitara. Ahora se habilitará de forma telemática, como viene exigiendo continuamente la plataforma PLIS Educación, fundada por varios exdirigentes de Ciudadanos contrarios a la discriminación positiva hacia el catalán. Asimismo, el Govern se compromete a desarrollar una campaña de publicidad para incentivar la escolarización y matriculación del próximo curso sobre este derecho.

La excepción a «alumnos de familias que se desplazan de forma temporal a las Islas» porque consideran que si se les evalúa    supone un «desprecio» en su ya se aplica desde 2018, pero el plazo pasará de tres a cuatro años. Permitir no tener el catalán a docentes que ocupen plazas de muy difícil cobertura es algo que ahora también se permite.

Vehicularidad del castellano

Los dos partidos han pactado modificar la Llei d’Educació de les Illes Balears impulsada la pasada legislatura por el Pacte para incluir la vehicularidad del castellano junto a la del catalán. Es una de las medidas que Vox vende a su electorado como una gran victoria, aunque se reduce a un aspecto cosmético aunque implicará muchos trámites administrativos.

El exconseller Martí March consensuó con el PP la pasada legislatura aplicar esta misma medida porque en el fondo es puro simbolismo que no supone ningún cambio en las aulas. Sin embargo, el PSIB, presionado por Més, cambió de opinión el día antes de que se votara la ley, provocando que los ‘populares’ votaran en contra como protesta y a pesar de haber pactado gran parte de la normativa con los socialistas. De hecho, se ponga o no, la vehicularidad del castellano y el catalán es doctrina del Tribunal Constitucional, que dice que las lenguas oficiales son vehiculares, como recordó Marcha en una entrevista con este diario. «Puedo entender que estén enfadados por las formas, pero de aquí a votar en contra me parece esperpéntico», afirmó.

Los dos partidos de derechas también promocionarán las modalidades lingüísticas propias de cada isla, algo que ya se hace porque los docentes que enseñan en su mayoría hablan los dialectos propios de Baleares.

Indignación total entre sindicatos por «vender» a la extrema derecha

«La presidenta Marga Prohens ha accedido a desmantelar nuestra escuela para asegurarse la poltrona y, sin ninguna remordimiento, ha dado a Vox las llaves de nuestra casa, y ha vendido su pueblo por un voto», afirmaron desde la Assemblea de Docents. Desde el STEI aseguraron que las medidas acordadas van en contra de la Ley de normalización y del Decreto de mínimos, y que tomarán todas las medidas judiciales necesarias. UOB Ensenyament dijo que el catalán y la ley de memoria democrática «están hoy más cerca de la tumba»