Alquiler de embarcaciones: el ‘nuevo Airbnb’ que triunfa en Baleares

Cada vez hay más particulares en las Islas que alquilan estancias en sus barcas, veleros o lanchas por precios que oscilan entre los 300 y los 1.500 euros al día en páginas especializadas que copian el modelo que implantó Airbnb para el alquiler turístico de viviendas. En este sentido cabe destacar por ejemplo que la plataforma Lista Séptima es una de las más populares.

En enero de 2024 el Gobierno central sacó a exposición pública un real decreto que modifica la normativa existente en materia de marina mercante en toda España y exime de la obligación de tener titulaciones náuticas para pilotar las embarcaciones de recreo a motor de hasta 5 metros de eslora con una potencia máxima de 15 CV y las de vela de hasta seis metros de eslora, siempre que no se alejen más de 2 millas náuticas del puerto, marina o playa de salida y que naveguen de día. Abre además la posibilidad de que los propietarios de embarcaciones recreativas puedan explotar comercialmente sus vehículos un máximo de tres meses al año.

Aunque la nueva normativa estatal aún no ha entrado en vigor, las empresas del chárter náutico de Baleares aseguran que ya ha producido un «efecto llamada» y que cada día contactan con ellos particulares que quieren sacar rendimiento económico de las barcas que tienen en propiedad. Denuncian que «se ha disparado la oferta ilegal».

Con una de las cifras de siniestralidad en el mar más altas del país y unas listas de espera interminables para conseguir un puesto de amarre legal en las Islas, el Govern balear ha decidido tomar cartas en el asunto y prohibir expresamente en la normativa autonómica el alquiler de embarcaciones privadas que el Gobierno de Sánchez quiere regular.

El nuevo decreto autonómico va aún más allá y prohíbe la actividad chárter de cualquier embarcación que no disponga de un lugar en el que embarcar y desembarcar su pasaje. Las naves que procedan de la Península o de puertos extranjeros tendrán que acreditar su actividad habitual en las Islas para poder operar legalmente. El choque entre administraciones podría acabar en los tribunales. El ejecutivo central ya ha advertido a la Conselleria de la Mar, que «invade competencias del Estado y rompe el principio de igualdad al impedir una actividad que es lícita en el resto del territorio nacional».

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«Coincidiendo con el auge exponencial que tienen las actividades de alquiler náutico, que han proliferado especialmente después de la pandemia, el Estado decidió autorizar que se puedan llevar embarcaciones de menos de cinco metros de eslora sin titulación y que los particulares puedan alquilar sus barcas tres meses al año contribuyendo a la especulación del dominio público. Eso crea situaciones de riesgo. Para que la gente lo entienda es como si por el hecho de tener un coche tuvieras derecho a alquilarlo como rent a car tres meses al año o como si pudieras parar en cualquier rotonda y cobrar cinco euros a cada persona que se suba para llevarles de excursión. Eso nos obliga a modernizar nuestra normativa y adaptarnos a las nuevas circunstancias paga garantizar la seguridad de las personas, la sostenibilidad del medio ambiente y de nuestra economía», explica el director general de Transporte Marítimo de Baleares, Toni Mercant.

La nueva normativa autonómica ya ha acabado el periodo de exposición pública en el que los afectados pueden presentar alegaciones y está pendiente del informe del Consell Consultiu que, si se cumplen los plazos inicialmente previstos, llegará a finales de junio. Una vez tenga el informe favorable de este órgano, los servicios jurídicos del Govern emitirán un último informe antes de aprobar el texto en Consell de Govern. No entrará en vigor hasta después de verano, tres meses después de su publicación en el Boib.

Por primera vez la normativa autonómica obligará a las plataformas digitales que operan al estilo de Airbnb a incluir en los anuncios un número de registro que identifique fácilmente cada embarcación garantizando que tiene una declaración responsable y que tiene autorización autonómica para operar. Eso facilitará la labor inspectora del Govern y la apertura de expedientes sancionadores en caso necesario.

«Lo que planteamos es novedoso en varios aspectos. Puede que para las empresas chárter de Baleares no sea suficiente, porque hubieran preferido que exigiéramos tener un puerto base en las Islas para operar, pero sabíamos que Europa podría recurrirlo y por eso hemos optado por la fórmula de exigir que dispongan de un lugar adecuado para embarcar y desembarcar personas, provisiones o entregar residuos», dice el director general de Transporte Marítimo.

Entre las novedades de la normativa del Govern destaca también la obligación de que las empresas que estén establecidas en países extracomunitarios designen un consignatario o representante en Baleares para recibir notificaciones de la administración», añade Mercant.

En caso de que el Gobierno central decida pleitear contra la normativa autonómica en el Tribunal Constitucional, el Govern avisa de que podría retirar el amarre público a los particulares que siendo titulares de amarres en los puertos de Baleares, decidan lucrarse alquilando sus barcas. «Podrían perder su derecho de amarre a favor de los 7.000 que esperan están en listas de espera para conseguir uno para uso propio no lucrativo», concluye el director general.

La Asociación de Empresas de Chárter de las Islas Baleares aplaude la decisión de Mercant. «El decreto del Govern da luz y esperanza a que la actividad se ejecute de manera regulada para aumentar la seguridad en el mar y reducir de manera clara el intrusismo en el sector», dice su presidente Pedro Francisco Gil. Forman parte de la CAEB y han participado de las mesas náuticas que asesoran al Govern y cuentan con una flota total de unas 200 embarcaciones.