CONFLICTO

Los sindicatos plantan a Vera por el acuerdo PP-Vox y queda bloqueada la reducción del horario de los docentes

Todos se han levantado de la mesa de negociación exigiendo la retirada de todas las medidas consensuadas entre los dos partidos

Una maestra de un colegio público de Palma en una imagen de recurso | Foto: M. À. Cañellas

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El acuerdo entre PP y Vox para aprobar los presupuestos autonómicos, que incluye ciertos cambios en el sector de la enseñanza balear, ya ha tenido su primer impacto. Al STEI y UOB les han seguido el resto de sindicatos que este miércoles se han levantado de la mesa sectorial donde se iba a aprobar una medida importante como es la reducción del horario laboral semanal de los docentes de los centros públicos de Infantil, Primaria y Secundaria de 37,5 a 35 horas. Un punto pendiente de impulsar porque figura en el acuerdo marco firmado la pasada legislatura.

Los sindicatos critican que si los cambios en materia educativa y lingüística se tratan entre los dos partidos de derechas y se modifican a través del Parlament, se vacía de contenido la negociación colectiva que corresponde a la Mesa Sectorial d'Educació. Por esa razón, presionan exigiendo la retirada de todas las medidas consensuadas entre PP y Vox.

También ha quedado en el aire la aprobación de la concesión de licencias por estudios destinadas a los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes. El conseller de Educació, Antoni Vera, ha dicho que está abierto a explicar los acuerdos alcanzados por su partido y Vox y ha considerado que «es una pena no haber aprobado dos medidas del acuerdo marco que favorecen a todos los docentes. Ahora se tendrán que posponer y no podrán ser algo inmediato».

«Hemos transmitido nuestro malestar ante las medidas adoptadas sin comunicación previa y hemos pedido aplazar la negociación de la mesa, así como convocar una sesión extraordinaria para que el conseller explique las medidas anunciadas en este nuevo acuerdo político. Después de esta petición, el resto de sindicatos hemos abandonado la reunión a esperas de una nueva convocatoria», han comunicado desde ANPE, que pide evitar confrontaciones lingüísticas y «centrarse en los problemas educativos reales».

Asimismo, desde el STEI critican que los 'populares' digan que respetarán y desarrollarán el acuerdo marco que incluye la reducción horaria y un punto para crear un plan de choque que fomente el catalán en los centros y, a la vez, su portavoz parlamentario, Sebastià Sagreras, se muestre satisfecho con el acuerdo presentado el viernes.

«Las propuestas que recoge el Acuerdo, como la vehicularidad del castellano en la enseñanza y las modificaciones del modelo lingüístico escolar recogido en la Llei d'Educació de les Illes Balears, afectan tanto a la Ley de normalización lingüística como al Decreto de mínimos, por mucho que la presidenta Prohens diga que esta normativa no se ve afectada», dicen desde el STEI.

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«Los acuerdos con la extrema derecha suponen una ruptura de la paz social y de los compromisos asumidos incluso por la presidenta del Govern al inicio de legislatura», ha considerado el representante de UGT, Tino Davia.

Impactos reales del acuerdo

Sin embargo, y a pesar de que los pactos con Vox tienen relevancia porque suponen un precedente político, la mayoría de los once puntos del acuerdo referidos a la enseñanza en Baleares ya se aplican o tendrán un impacto práctico limitado. Aun así, hay aspectos de trascendencia, como el hecho de que se rebajará la nota necesaria al acabar ESO y Bachillerato para obtener el B2 y el C1 a la nota requerida por los criterios del marco europeo de lenguas. Lo mismo ocurre con el hecho de que se garantizará la obtención del título de catalán entre los alumnos que cursen un año académico fuera de España siempre que no sea el último curso de la respectiva etapa educativa que cursen.

La excepción a «alumnos de familias que se desplazan de forma temporal a las Islas» porque consideran que si se les evalúa  supone un «desprecio» en su educación ya se aplica desde 2018, pero el plazo pasará de tres a cuatro años. Permitir no tener el título de catalán a docentes que ocupen plazas de muy difícil cobertura es algo que ahora también se permite.

No obstante, incluir la vehicularidad del castellano junto a la del catalán es una de las medidas que Vox vende a su electorado como una gran victoria, pero se trata de algo que el PSIB intentó sacar adelante la pasada legislatura. El exconseller socialista Martí March consensuó con el PP aplicar esta misma medida porque en el fondo es puro simbolismo que no supone ningún cambio en las aulas. No obstante, el PSIB, presionado por Més, cambió de opinión el día antes de que se votara la ley, provocando que los ‘populares’ votaran en contra como protesta y a pesar de haber pactado gran parte de la normativa con los socialistas. Es más, se ponga o no, la vehicularidad del castellano y el catalán es doctrina del Tribunal Constitucional, que dice que las lenguas oficiales son vehiculares, como defendía March.

Impulsar el plan de lengua

Otros cinco puntos del acuerdo se enfocan en tratar de potenciar el plan de elección de lengua, que ha sido un fracaso porque solamente 11 centros, todos concertados, están adheridos en estos momentos en el conjunto de Baleares. Ninguno de los acuerdos obligan, de manera que sigue siendo opcional para ajustarse a la normativa lingüística vigente, que no se toca. Aun así, Vox ha forzado al PP para que se involucre más en promocionar el plan de lengua. En un punto, de hecho, se habla precisamente de «fomentar la adhesión de al menos un centro en todas las comarcas de las Islas antes de acabar la legislatura».

También han acordado insistir en que las familias puedan acogerse al derecho de elección de primera lengua de enseñanza, recogido por la ley desde 1986, aunque en la práctica apenas nadie lo solicitara. Ahora se habilitará de forma telemática, como viene exigiendo continuamente la plataforma PLIS Educación, fundada por varios exdirigentes de Ciudadanos contrarios a la discriminación positiva hacia el catalán. Asimismo, el Govern se compromete a desarrollar una campaña de publicidad para incentivar la escolarización y matriculación del próximo curso sobre este derecho.