La inversión extranjera dispara los precios de la náutica balear y asfixia al negocio local

En el caso de la náutica, esta tendencia ha sido remarcada por la reciente adjudicación por seis años del Pantalán de la Cuarentena en Palma, de 18.000 metros cuadrados dedicados a barcos de recreo operados por empresas de chárter. La multinacional de origen turco D-Marin se hizo con los 70 amarres del pantalán por un canon anual de 2,3 millones de euros, que superaba en medio millón de euros la oferta de la mallorquina Grupo IPM. Detrás de la empresa turca -en franco proceso de expansión en España- está el fondo inversor CVC Capital Partners, con sede principal en Londres y Luxemburgo y, entre otras cosas, famoso en España cosas por ser socio inversor en La Liga.

Por lo pronto, el cambio de concesionaria se ha traducido en el abandono de buena parte de las empresas de chárter náutico que operaban en el pantalán. La razón: la subida de los precios de los amarres, obligada para amortizar la inversión desembolsada por D-Marin. La mayor escalada se ha producido en los amarres para embarcaciones en tránsito, que prácticamente se quintuplican llegando a los 6.000 euros mensuales para un barco de unos 12 metros de eslora.

«He tenido que vender uno de mis barcos porque pagar 72.000 euros al año, obviamente no sale a cuenta: dejas de hacer negocio alguno». Pepe Piñana es el dueño de Pepe’s Charter, que junto a otras como Goodlife o Vela Mayorca integra las pequeñas empresas todavía presentes en la Cuarentena. Tres empresas y una docena de barcos ya han abandonado el lugar buscando opciones más económicas.
La sospecha de estos empresarios es que D-Marin dispara los precios para acabar trayendo sus propios barcos o de empresas asociadas. «La APB dice que tendrá en cuenta la parte social en las concesiones, pero al final hace lo contrario», denuncia para señalar que algo similar ha sucedido ene l Club Náutico de Ibiza.

Se trata de un problema que el presidente de Alcudiamar, Bartomeu Bestard, ponía sobre la mesa recientemente en presencia del presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Javier Sanz. «Falta defensa de las concesiones locales frente a operadores externos y esto se ha convertido en la ley de la selva: el que pone más dinero se lo lleva». Para Bestard, las concesiones se han convertido en una subasta en la que el mejor postor pasa por encima de la experiencia y solvencia contrastadas de las empresas locales, con la oferta económica como único criterio realmente decisivo. «La experiencia y la solvencia deben ser elementos claves» a la hora de decidir las concesiones «frente a las ofertas temerarias».

En similares términos se expresa la secretaria y exvicepresidenta de Marinas de Baleares (antigua Asociación de Instalaciones Naútico Deportivas de Baleares, ANADE), Isabel Teruel, quien afirma que «estamos siempre pidiendo que no se prime la parte económica, sino la experiencia». Teruel reivindica una revisión de las condiciones económicos del pliego «para no acabar aceptando ofertas temerarias de empresas de fuera que no conocen el mercado».

La APB ha anunciado esta semana que saca a concurso público la gestión y explotación de unos 18.000 metros cuadrados de superficie junto al muelle de Golondrinas, la mayor parte de la cual estará destinada a 95 amarres para embarcaciones de hasta más de 20 metros de eslora. Para los empresarios de la Cuarentena «va a pasar exactamente lo mismo: la oferta más alta se la llevará y será una empresa de fuera». La propia D-Marin podría meter baza de nuevo en este caso para ampliar su presencia en el mercado balear como estrategia de branding, un objetivo que podría ser incluso más importante que la propia amortización del negocio, según Jaume Vaquer, presidente de la Asociación de Empresas Náuticas de Baleares (AENIB). Este afirma que «es posible que ni siquiera les interese que sea rentable: tener una marina en Mallorca vale más que la propia explotación». Vaquer lamenta que «nos lo estamos cargando todo: entre todos hemos acabado vendiendo lo nostro».