Un juzgado investiga al Govern por la muerte de rapaces electrocutadas

Todo surge a partir de la falta de trámite de miles de denuncias presentadas por técnicos de medio ambiente ante la Conselleria y que, durante años quedaron sobre la mesa. La Fiscalía de Medio Ambiente ha decidido presentar una querella al apreciar indicios de delito en la actuación de los antiguos y actuales responsables del área a partir de una denuncia presentada por agentes medioambientales que primero acudieron a la Oficina Anticorrupción y más tarde al Ministerio Público.

La querella de la Fiscalía se centra en alguno de los casos de mayor gravedad recogidos en esos expedientes, los que implicarían delitos contra la fauna. Según fuentes del Ministerio Público incluyen haber dejado sin investigar muertes de aves protegidas, en la mayor parte de los casos, electrocutadas por cables de alta tensión. La normativa regula cómo tienen que estar protegidos estos dispositivos para impedir daños y, las actas levantadas por técnicos revelaban que esa legislación no se cumplía en muchas líneas de Balears. De esta manera se produjeron decenas de incidentes en los que fallecían animales, entre ellos milanos.

El juzgado acaba de admitir a trámite la querella del Ministerio Público y, además de encargar informes al Seprona sobre lo ocurrido, prepara otras diligencias de investigación y posibles interrogatorios.

Los actuales responsables de la conselleria se encontraron con que, de los 7.467 expedientes interpuestos por actos contra el medio ambiente desde el 2015, solo 1.900 habían finalizado, lo que supone que más de 5.500 habían quedado inconclusos sin la resolución pertinente o bien por haber prescrito o bien por haber caducado.

Entre estos expedientes se han encontraron denuncias realizadas por el Seprona, por la policía local y por los propios agentes de Medi Ambient de la Conselleria y que afectaban a diferentes ámbitos medioambientales, de fondeos a acampadas. A su vez, los anteriores responsables, de Més también achacaban el retraso a lo que habían heredado y a la falta de medios de la administración para responder a tal volumen de trabajo. Ahora, el juzgado serán quien investigue la actuación de cada uno de los cargos ante una posible infracción contra la flora y la fauna.