Pep Sansó, a la izquierda, y Miquel Bestard, pormenorizaron la gravedad de la aplicación de la Ley y la búsqueda de soluciones | Gemma Andreu

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Miquel Bestard, presidente de la Federació de Fútbol de les Illes Balears, y Pep Sansó, directivo asesor, convencieron ayer a los clubes menorquines de la decisión adoptada por la comisión delegada el pasado jueves para detener las competiciones como protesta por la aplicación de la ley de emprendedores que pretende regularizar fiscalmente las gratificaciones que circulan en el fútbol amateur, y obligar a los clubes a que presenten el impuesto de sociedades, resultado de la ley de emprendedores cuya ejecución es efectiva desde principios de año.

Bestard reveló que cuenta con el apoyo del director general de Deportes del Govern Balear, Javier Morente, y otros políticos de diferente tendencia, como primer paso para que el deporte amateur sea escuchado en el Gobierno español. Así, tras el paro de esta jornada, la Balear de fútbol espera la postura del resto de federaciones deportivas del archipiélago para idear una medida común en lo sucesivo si el Consejo Superior de Deportes no flexibiliza su postura.

«Queremos cumplir la ley, claro que sí, pero con una regulación especial porque el fútbol modesto lo es», explicó Bestard quien recordó que para la aplicación de esta ley, que data de septiembre de 2013 aunque el peligro de su aplicación ha aparecido en el último trimestre de 2014, «el Gobierno se reunió con CSD, la Seguridad Social y Hacienda, pero con nadie del fútbol». Sansó recordó que el Gobierno llegó a la conclusión de que también debía imponerse en las entidades sin ánimo de lucro, en función de sentencias judiciales que condenaban a clubes por demandas de entrenadores y monitores, entendiendo que sí existe una relación laboral.

Por tanto, a partir de esta apreciación, el Gobierno exige que todas las entidades que remuneran estén dadas de alta en la Seguridad Social y procedan a la presentación del impuesto de sociedades. Así se obliga a que declaren ingresos de taquillas, bar, sorteos... que deberán tener su correspondiente retención. Lo mismo sucederá con las retribuciones a los colaboradores que son fundamentales en los clubes, y como consecuencia, éstos también se verían obligados a declarar los ingresos que repercutirían en la base imponible de sus rentas. «Con la aplicación de esta ley, entre un 55 y un 60 por ciento de lo que se cobra e ingresa va al estado, y está claro que no se pueden subir las cuotas a los padres para adaptarse a esta ley», añadió Sansó.

La Ley, además, responsabiliza a los directivos directamente en su patrimonio de las irregularidades que se puedan cometer durante su gestión.


Propuestas

Las primeras alternativas que propone la Federación Balear es la imitación del denominado 'pocketmoney' que se aplica en algunos países europeos por el que los clubes tienen derecho a compensar gastos hasta una cantidad determinada a sus colaboradores, exenta de tributo y justificación. Además estos colaboradores deberán firmar un contrato para que no puedan reclamar derechos laborales al dirigente de turno en el futuro.

La Federación también propone que los clubes con presupuestos menores a 100.000 euros no tengan que presentar el impuesto de sociedades, y a partir de esta cifra, que haya una cuota plana asumible para las entidades . Por último propone una moratoria para la aplicación de cualquier ley o régimen especial, «que clubes y directivos estén tranquilos y evitar así su desaparición».

Todos, clubes y federativos, tienen claro que se abre una nueva etapa para el fútbol modesto, más gravosa, pero inevitable.