Según ha informado este lunes el Consell de Menorca, la comisión estará presidida por el conseller insular de Cultura y Educación, Miquel Àngel Ballester, y el administrador diocesano de Menorca, Gerard Villalonga.
Sus integrantes son el presidente de la Comisión de Patrimonio del Obispado, Gabriel Julià; el arquitecto Ramón Farrés, miembro de esta comisión; la arquitecta del Consell de Menorca, Elisenda Boet; y la jefe de servicio de Patrimonio Histórico del Consell, Cristina Rita.
Entre los bienes objeto de actuación destaca la Catedral de Ciutadella y las iglesias de Santa Maria y Sant Francesc de Maó.
La comisión se forma al amparo de la Ley del Patrimonio Histórico de Balears, que establece un marco de colaboración y coordinación entre los consells insulars y la Iglesia católica para velar por los bienes del patrimonio eclesiástico.
El último convenio de colaboración firmado entre ambas entidades es de mayo de 2011. Su vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2013.
Durante la legislatura 2011-2015 se firmaron dos prorrogas. La última sirvió para la rehabilitación de las fachadas de la iglesia del Carme de Maó.
La comisión mixta ha aprobado el borrador de una nueva prorroga para el 2016, puesto que la intención es que no se firme un nuevo convenio hasta que se haya nombrado un nuevo obispo que lo pueda firmar.
Esta prorroga prevé la inversión de 30.000 euros por parte del Consell insular en la restauración de los tejados de la iglesia de Sant Francesc de Ciutadella, en mal estado.
2 comentarios
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No me parece bien que el Consell tenga que pagar 30.000 para la reforma de ninguna Iglesia, ellos tienen muuuucho dinero i muuuucho patrimonio, si no tienen efectivo, que vendan una de las tantas casitas que les han dejado en herencia algun filigres No tienen bastante con no pagar IBI que tambien es dinero que dejamos de recibir el pueblo para otros menesteres? NO HAY DERECHO!!!!!
... error, es el patrimonio histórico de todos los menorquines. De esa manera sí que aceptamos pagar 30.000 euros de nuestros impuestos para conservarlo. Porque si el patrimonio es de la iglesia católica, debería financiarlo el propietario, y no obligar al resto de la comunidad de vecinos a repararles el jacuzzi. Escribamos pues con propiedad.