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El PP Menorca elevó ayer el tono de sus críticas hacia la Estrategia Menorca 2030, el plan para la transición energética aprobada por el Consell y que prevé cubrir con renovables el 85 por ciento de la demanda en un plazo de poco más de diez años. Los populares consideran que el desarrollo de parques fotovoltaicos previstos en suelo rústico, que calcula en un millar de hectáreas, «es el mayor atentado ambiental de la historia de Menorca».

La formación que preside Misericordia Sugrañes denuncia que el PSOE quiere «destrozar mil hectáreas de Menorca por mero interés electoral y partidista», asegura que el documento impulsa «el mayor consumo de territorio desde la irrupción del turismo» y advierte que no será corresponsable de una estrategia que considera una «receta del pasado, la instalación masiva e indiscriminada de placas solares y ocho molinos de más de cien metros en un territorio inapropiado».

El planteamiento del PP para poner a Menorca «a la vanguardia de la transición ecológica del mundo» parte de la base de que en un plazo de seis o siete años los dos cables de interconexión eléctrica con Mallorca suministrarán casi el cien por cien de la energía que consume la Isla y también tiene en cuenta que está prevista la ampliación de Son Salomó, la instalación de un parque solar en los terrenos degradados de Milà y en los alrededores de la planta desnitrificadora de Es Castell.

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El PP apuesta en ese sentido por recurrir a otras zonas degradas de la Isla –hace alusión a la propuesta del PP de Ferreries de aprovechar el suelo de la depuradora donde aun continúan los fangos contaminados– y a la reducción de la demanda con medidas para favorecer el aislamiento de los edificios, así como la apuesta por otras tecnologías de generación como el biogás y la biomasa, cuyo potencial, lamenta, «no ha sido estudiado suficiente en el documento».

Sin propuesta de consenso

Más allá del contenido del plan, los populares cargaron tintas contra el gobierno el Consell, y especialmente contra el PSOE, al asegurar que nunca ha habido una propuesta de consenso por parte de la presidenta del Consell, Susana Mora, y el conseller de Territorio y Energía, Marc Pons. Por contra, denuncian, «ha habido mucha ocultación, manipulación y demasiadas preguntas sin respuesta». Si reciben la confianza de los ciudadanos en las elecciones del 26-M, los populares se comprometen a convocar a partidos y entidades para revisar el contenido del plan y a someterlo a exposición pública, algo que critican que el Consell no haya hecho.