La portavoz del PP, Maruja Baíllo, formuló una serie de preguntas al alcalde Llorenç Carretero para conocer sus intenciones en relación al cumplimiento de la sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento de Sant Lluís a restituir la legalidad urbanística en unos apartamentos en Punta Prima. Baíllo recriminó al alcalde que durante seis años no había querido acatar la sentencia judicial y subrayó su nula voluntad de velar por los intereses generales. Además, insistió en que el alcalde debería abonar de su pecunio particular las posibles sanciones económicas que le impusiera el Tribunal en el caso de que no ejecutara la resolución judicial.
Alcalde
Llorenç Carretero rechazó las acusaciones de la portavoz popular de que hubiera demostrado reticencia en el cumplimiento de la sentencia. En este sentido, recordó que el equipo de gobierno abrió un expediente de legalización-demolición de las obras, que fue archivado en diciembre de 2004 al determinarse que no existía infracción urbanística alguna. Carretero expresó sus dudas sobre unas fotos aportadas por la parte denunciante, que demostrarían la permanencia de la ilegalidad urbanística, al considerar que no se correspondían con el tramo afectado. Además, recalcó que el Ayuntamiento había comunicado por dos veces que había ejecutado la sentencia.
Carretero reconoció la deficiencia del informe municipal al considerar que el solicitante de la licencia de obras en 1999 estaba eximido del cumplimiento del retranqueo, una afirmación que provocó el error del equipo de gobierno al conceder la licencia, según aseguró el alcalde.
Concejal de Urbanismo
Por su parte, el responsable del área de Urbanismo, Remigio Lora, aseguró que el Ayuntamiento cumplirá la sentencia judicial en el plazo de los ocho meses que se indica en la misma. Con ello, Lora respondió a las peticiones de la portavoz municipal del PP, Maruja Baíllo, para conocer su postura en este asunto.
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