Los vecinos del Esmeralda critican la "pasividad" del Ayuntamiento

Los propietarios de las fincas colindantes se quejan de la pasividad del Ayuntamiento a la hora de controlar la actividad en las obras, pues consideran que a estas alturas ya deberían estar paralizadas. Para ellos, que padecen las molestias que suponen estas obras, no está justificado este retraso y piden que se paren y que se aproveche para obligar a la promotora a modificar su proyecto para que cumpla con los parámetros que contempla el Plan General de Ordenación Urbana.

Irregularidades
Los vecinos recuerdan que la alcaldesa, Pilar Carbonero, se comprometió a detener las obras para hacer cumplir los requisitos del PGOU, algo que reclamaron los propios residentes de la zona y también Unió des Poble de Ciutadella de Menorca, partido desde el cual el pasado 1 de noviembre se denunciaron una serie de irregularidades.
Según señaló el portavoz de UPCM, Joan Triay, en la anterior legislatura, el equipo de gobierno PP-PMQ, con Avel·lí Casasnovas como concejal de Urbanismo, concedió la licencia de obras incumpliendo el PGOU. Concretamente, Triay denunció que la planta sótano ocupa una superfície de 7.573 metros cuadrados, extensión que excede de los 4.823 metros que debería tener, teniendo en cuenta que el PGOU permite construir sólo en el 50 por ciento de la superficie del solar, que en este caso es de 9.646 metros cuadrados.

Pasividad
Los vecinos se preguntan por qué el Ayuntamiento está tardando tanto en, tal y como se comprometió Carbonero, comunicar la paralización de las obras y aprovechar ese parón para obligar a la constructora a modificar su proyecto para que cumpla con lo que marca el PGOU.

Para ellos está claro que se trata de un proyecto que recibió la licencia de obras municipal de forma irregular, sobretodo, según apuntan, porqué fue concedida una vez celebradas las elecciones municipales de 2007. "La licencia se tramitó en sólo 19 días, estando el concejal de Urbanismo en funciones" antes de delegar la concejalía al equipo de gobierno entrante.

Prevaricación
Los vecinos consideran que esa concesión de licencia fue irregular, y que tal acción se hizo "a sabiendas". Así, según ellos, el anterior concejal de Urbanismo y los técnicos que avalaron el informe favorable infringieron el Código Penal, que contempla los delitos sobre la ordenación del territorio, en su artículo 320 sobre la prevaricación de funcionario. Un delito que está penado con inhabilitaciones para el empleo o cargo público entre siete y diez años, además de una pena de prisión de entre 6 meses y dos años, o la multa de 12 a 24 meses.

En este sentido, los vecinos concluyen que "un equipo de gobierno por corrupto, y el actual por pasivo, pero nosotros seguimos padeciendo las molestias de unas obras totalmente irregulares. No nos hacen caso".

Incumplimientos de horarios
Los vecinos aseguran que la constructora incumple continuamente la normativa en relación con los horarios de trabajo. Afirman que se han visto obligados a llamar a la Policía Local en reiteradas ocasiones para que se detuvieran los trabajos cuando corresponde, a las 18 horas.

Por otro lado, los residentes también se quejan de la gran suciedad que les invade día a día, sin que la empresa responsable de las obras se haya preocupado por solucionarlo.
Otra de las quejas se refiere a la instalación de una grúa en las proximidades del muro que separa a los vecinos del solar en construcción. Consideran que no se respetan las distancias mínimas de seguridad. "Cuando montaban la grúa, a los operarios se les cayó un guante, que cayó en mi patio. Si en lugar de un guante hubiera sido una herramienta, ahora estaría o en el hospital o algo peor", afirma uno de los vecinos.