La paz social de la que ha gozado el gobierno de Zapatero a pesar de la crisis económica parece tener los días contados. A raíz del anuncio del plan de recortes en el gasto público, ha surgido un torrente de declaraciones de desencanto y de crítica entre los representantes de los trabajadores. De hecho, CSIF y USO han convocado una concentración conjunta a las 10.30 de la mañana de hoy frente al Consolat de Mar, en Palma, para protestar por el recorte del sueldo de los empleados públicos. STEI-i, por su parte, mostrará su malestar a las 12 frente a la Delegación del Gobierno.
Los dos sindicatos mayoritarios del país, UGT y CCOO, anunciaron la convocatoria conjunta para realizar una huelga en el sector público el próximo 2 de junio. Este acto estará precedido de diversas movilizaciones y protestas que comenzarán el próximo 20 de mayo, y las dos agrupaciones están estudiando la posibilidad de convocar una huelga general.
El secretario general de CCOO en Menorca, Ramon Carreras, no ahorra calificativos para las propuestas del presidente: "Son medidas injustas, inútiles e insolidarias, y ninguna servirá para crear empleo o revertir la situación", exclamó.
El líder sindical mantiene que el recorte, "que va a provocar el empobrecimiento del país", es justo lo que desean "los mismos que han provocado la crisis". Los reproches de Carreras no se detienen ahí y carga directamente contra Zapatero, quien según él, "ha boicoteado el acuerdo sobre el mercado laboral que estaba a punto de cerrarse" y "ha demostrado que no tiene palabra".
Además, Carreras quiso defender la labor de los trabajadores públicos: "La gente piensa que los funcionarios cobran un dineral y no es así, hay muchos mileuristas". Por lo que respecta a la congelación de las pensiones, se queja de que "hace cuatro días dijeron que no las tocarían".
La UGT-Balears señaló en un comunicado que "los sacrificios se imponen a los de siempre" y que, además, "los causantes de la crisis no se ven penalizados en absoluto". El sindicato también lamentó "el incumplimiento de las reiteradas promesas que había venido haciendo el Gobierno en cuanto a que no se recortaría el gasto social" y aseguró que "si no hay rectificación el conflicto social está asegurado".
La patronal se felicita por el recorte pero recela de sus posibles inconvenientes
Las organizaciones de la patronal menorquina coinciden en varios puntos de su análisis. Tanto CAEB como PIME consideran que era imprescindible acometer recortes en el gasto público a fin de moderar el déficit, pero consideran que la reacción ha tardado demasiado en llegar y encuentran algunos aspectos en la misma que les produce cierta desconfianza.
Josep Fortuny, gerente de CAEB, recuerda que su entidad pide desde hace tiempo "austeridad" en todas las reuniones que ha mantenido con las administraciones y que, "si el gasto se hubiera reducido más paulatinamente, no haría falta hacer estos ajustes tan drásticos ahora".
Exactamente de la misma opinión es el secretario general de PIME, Pau Seguí, que subraya que "un recorte era absolutamente necesario, porque el déficit que se acumulaba era insostenible". Seguí utiliza un ejemplo muy gráfico: "En tiempos de crisis las instituciones tienen que optar por lo necesario y eliminar lo superfluo, igual que hace cada uno en su casa, dejando de salir a cenar o de comprar ropa cara".
Fortuny llama la atención sobre el posible problema que amenaza al consumo "al reducirse la capacidad de gasto de los funcionarios, un sector especialmente importante en Menorca", Esto es debido a la dependencia de la economía isleña respecto del turismo, que provoca una parte importante de la mano de obra sea estacional y no tenga tanto poder adquisitivo. En estas circunstancias, una parte importante del consumo recae sobre los funcionarios, dado que trabajan durante todo el año. Un problema añadido en este sentido sería, desde su punto de vista, la subida del IVA prevista para el próximo verano. El representante de CAEB también se muestra preocupado "por el impacto de las medidas en sectores como la construcción, donde casi el único empleador es el Estado".
Seguí considera que el recorte anunciado podría ser "insuficiente" porque el déficit "se ha desbocado" y, añade que el recorte debería repartirse entre todas las administraciones del Estado. De todos modos, el secretario general de PIME pide prudencia: "Todavía hay que ver cómo se concretan en el consejo de ministros las decisiones anunciadas".
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