Unió des Poble de Ciutadella (UPCM) presentará en los próximos días una querella criminal contra el ex concejal de Turismo y Urbanizaciones del Partido Popular, Gabriel Cardona, por las presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente de Ciutadella Turisme (CITUR). La denuncia, que ha sido encargada a un equipo de tres abogados, será registrada antes de fin de mes en los Juzgados de Ciutadella. Según ha podido saber "Es Diari", el equipo de juristas que trabaja a destajo para dar forma al escrito atribuirá al ex edil del PP diferentes presuntos delitos, entre ellos los de prevaricación, fraude y malversación de fondos públicos.
La querella, en la que los letrados llevan tiempo ya trabajando, basará sus argumentos en las conclusiones de la comisión informativa especial del 'caso CITUR' que fueron aprobadas el pasado mes de diciembre antes de remitirse a la Fiscalía Anticorrupción. Después de más de cinco meses de averiguaciones, reuniones e informes, la investigación interna realizada por la comisión puso de relieve la existencia de presuntas irregularidades y malversaciones cometidas desde el área de Turismo, con la posible implicación de la empresa SAB, a la que acabaría adjudicándose, a la postre, la gerencia del Plan de Dinamización del Producto Turístico (PDPT) de Ciutadella. Los resultados de este trabajo, que nutrirán la base argumental de la querella, quedaron plasmados en 64 folios, donde se desgranan, una a una, las 51 conclusiones que se enviaron a la Fiscalía, acompañados de 101 documentos. Las conclusiones del informe acreditan que el ex concejal del PP y actual edil del Grupo Mixto, Gabriel Cardona, cometió, supuestamente, diversos ilícitos penales, entre ellos malversación, manipulación de documentos y contrataciones ilegales. El trabajo implica también al ex alcalde, Llorenç Brondo, al ex edil Avel·lí Casasnovas –quien, como presidente de la comisión del Pla Mirall, firmó algunas de las adjudicaciones supuestamente irregulares-, al ingeniero mallorquín Daniel Aguiló y a la consultora SAB, para la que trabajaba este técnico.
Las conclusiones se aprobaron en su día con los votos a favor de PSOE, PSM y UPCM y el voto contrario del Grupo Mixto, en el que ha acabado encuadrado Cardona tras presentar su baja como militante del Partido Popular.
Entre las irregularidades denunciadas por la comisión, figura la manipulación de documentos. En algunos de ellos, se modifican fechas o se cambian partidas. También se dan pruebas de la contratación irregular de proyectos de redacción de obras. Incluso algunas obras ya ejecutadas vuelven a adjudicarse de nuevo, y se simula el procedimiento negociado. Por otro lado, se adjudican proyectos de redacción de obras con unos honorarios para el ingeniero, que siempre es el mismo, Daniel Aguiló Ferratjans, superiores a los recomendados por el Colegio de Ingenieros. En algunos casos, están un 800% por encima de las recomendaciones del órgano colegiado. En 8 de ellos, el Ayuntamiento de Ciutadella pagó 71.000 euros más de la cifra habitual. Las conclusiones apuntan también a que se realizaron adjudicaciones directas por importes superiores a los 12.000 euros, cifra límite estipulada por la ley para realizar este tipo de contratos. De forma omnipresente a lo largo del informe, las contrataciones apuntan a la empresa Servicios Ambientales de Baleares SL (SAB) y al ingeniero Daniel Aguiló. SAB obtuvo en octubre de 2006 la adjudicación de la gerencia del PDPT.
El partido de Triay completa la provisión de fondos para la acusación con una colecta
UPCM completó hace unos días la provisión de fondos prevista para iniciar las acciones judiciales anunciadas contra Gabriel Cardona. El partido de Joan Triay inició meses atrás una colecta entre sus simpatizantes y afiliados para reunir el capital necesario para costear los gastos de los abogados y los dispendios relacionados con la gestión y tramitación de la denuncia. El pasado 31 de marzo, UPCM anunció en su página web su decisión de organizar la colecta para ejercer la acusación particular contra el edil del Partido Popular, como "única forma" de "poder acelerar" el proceso, dado "el volumen de trabajo y la lentitud crónica que suele ir aparejada a la Justicia". En este escrito, UPCM ya advirtió que de no actuar motu propio, el juicio por los hechos que ha puesto de relieve la comisión de investigación del 'caso CITUR' "puede demorarse infinitamente más de lo que sería razonable". "Lo que Ciutadella necesita y todos sus ciudadanos –argumentaba- es que, cuanto antes, podamos zanjar estas lamentables y deplorables actuaciones" para conseguir que "estos tejemanejes dejen de existir definitivamente en la que es la casa de todos". Los "tejemanejes" a los que se refería UPCM fueron cometidos durante los últimos seis años desde el área de Turismo del Ayuntamiento de Ciutadella. Según se denunció en su día, el ente público local CITUR llegó a duplicar facturas, adjudicó a dedo diferentes proyectos, pagó facturas por un importe superior al recomendado, toleró que se redactaran proyectos antes del inicio del expediente administrativo que acabó adjudicándolo, y manipuló presupuestos. La lista es inacabable.
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