Recreación. Este sería el aspecto interior de las cuevas - Archivo

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Ciutadella ya sabe cuánto le costará abrir al público las cuevas subterráneas de Cala Blanca: 949.000 euros. Así lo hizo saber ayer el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento, a través de Pilar Carbonero y Vicente Fontestad, a los propietarios de las grutas y también al futuro alcalde de Ciutadella, José María de Sintas, la futura responsable de Turismo, Francisca Marquès, y quien llevará el área de Urbanismo, Ramon Sampol.

De los 949.000 euros, unos 700.000 serán necesarios para realizar las obras de acondicionamiento de la zona, tales como unir las cuevas de S'Aigo y de Na Megaré o construir un centro de recepción de visitantes, tal como avanzó este periódico. Otra parte de la inversión se destinará a la adquisición del uso dominicial de las grutas, es decir, a hacerse con el derecho a usar el subsuelo donde se encuentran las cuevas. El estudio de viabilidad que encargó el Ayuntamiento fija en 37,8 euros por metro cuadrado el precio que debe pagarse a cada propietario por las cuevas. Esta cantidad será ahora el punto de partida de la negociación. En el encuentro de ayer, ninguno se manifestó sobre la conveniencia o no de este precio. En total, deberán adquirirse 1.435,4 metros cuadrados de gruta, que si se obtuvieran pagando el precio fijado por el estudio, supondría un desembolso de 54.258 euros. El resto del dinero necesario para abrir las cuevas serviría para cubrir gastos derivados de la adquisición, entre otros aspectos.

El concejal de Turismo en funciones, Vicente Fontestad, explica que "esta es una primera herramienta de la que disponemos para ir avanzando en este tema". Fontestad espera que los propietarios de los terrenos "se sientan contentos con las obras que se realicen en la zona".

Los 37,8 euros por metro cuadrado se han valorado a partir de los usos posibles en el subsuelo analizado, y teniendo en cuenta que mediante este dinero no se compran las cuevas como tal, sino que se adquiere el denominado uso dominical. A partir de ahora, y tras el encuentro con los propietarios, se inicia un proceso que puede acabar en una solución negociada o bien en una expropiación. La voluntad del actual equipo de gobierno, y también la del futuro alcalde, ha sido siempre la de no llegar a este último extremo. En la negociación que se abre ahora, los propietarios pueden presentar una tasación diferente a la del Ayuntamiento, siempre que sea mediante un informe razonado y justificado.